En la rueda de prensa
telemática han participado el secretario estatal de Organización de ANPE, José María Cuadrado Montañez; el
presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián del Arco; la coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Laura Sequera
Molina; la coordinadora del servicio de ANPE-Madrid, Guadalupe Pérez Pérez, y ha estado presente el defensor José
Antonio Carmona Gómez.
El informe del servicio
El Defensor del Profesor de ANPE muestra, en el ámbito nacional, una preocupante estabilización y un aumento en
algunos indicadores, con respecto al curso anterior, en los casos de acoso y violencia hacia los docentes. Casi
38.500 compañeros han sido atendidos desde la creación del servicio. De ellos, 1594 actuaciones corresponden al
último curso, en una situación de crisis sanitaria y confinamiento domiciliario por parte de alumnos y profesores en
el último trimestre del curso escolar. Esto indica que la conflictividad está lejos de erradicarse en los centros
escolares.
En la Comunidad de
Madrid, el número de actuaciones con profesores realizadas por el Defensor del Profesor en el curso pasado ha sido
de 780, 368 menos que en el anterior. El 51 % de las llamadas recibidas han sido de profesores de Educación
Infantil (5 %) y Primaria (46 %). Se han incrementado en un 6 % las actuaciones con profesorado de
Educación Secundaria y Bachillerato, que han pasado del 35 % al 41 %, y en un 1 % las de Formación Profesional,
que han subido del 3 % al 4 %. Sin embargo, se han reducido las actuaciones correspondientes al epígrafe Otros, que
incluye Centros de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música y Danza, etc., que han pasado
del 6 % al 4 %.
Andrés Cebrián del Arco,
presidente de ANPE-Madrid, ha manifestado que la situación creada por la pandemia de COVID está afectando duramente
a gran parte de la población y también ha tenido un fuerte impacto en el desempeño de la profesión docente. “El
Defensor del Profesor de ANPE-Madrid ha tenido como prioridad, desde el primer momento, la continuidad del servicio
que presta desde su creación, en noviembre de 2005, y a este cometido ha dedicado sus recursos institucionales y
personales”, afirmó. Asimismo, destacó “el esfuerzo y la dedicación adicional que ha requerido, por parte de los
docentes, la atención educativa telemática” y que “el confinamiento tuvo una gran incidencia sobre las relaciones
entre los miembros de la comunidad educativa y los problemas que suelen surgir dentro de los centros”.
Para el presidente de
ANPE-Madrid, los docentes deben contar con el respaldo y la protección de la Administración en el ejercicio de su
profesión y saber que hay “tolerancia cero” hacia todo tipo de actuación que dificulte la normal convivencia en el
seno de la comunidad educativa o lesione sus derechos o su imagen pública. “El acoso, en cualquiera de sus variantes
y dirigido a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, no debe permitirse —ha afirmado el presidente—,
pues “la aceptación de situaciones de acoso o violencia es incompatible con la mejora de la convivencia en los
centros y contraria a lo que todos queremos transmitir a nuestros alumnos y futuros ciudadanos”.
En este sentido, Andrés
Cebrián ha recordado que la Comunidad de Madrid cuenta con dos normas fundamentales: el Acuerdo Sectorial Docente,
ratificado en enero de 2018, que ha supuesto un notable y necesario incremento en las plantillas, y el Decreto de
convivencia de abril de 2019, cuya aplicación ha permitido seguir avanzando en la mejora del clima de convivencia y
la reducción de la conflictividad en los centros educativos públicos madrileños. Y ha concluido que “el Defensor del
Profesor de ANPE-Madrid está dispuesto a seguir apoyando y asesorando al profesorado en todo momento y en cada
escenario que se pueda producir”.
Guadalupe Pérez Pérez,
coordinadora del servicio de ANPE-Madrid, hizo referencia a la tipología de los casos atendidos.
En cuanto a
los alumnos, destacó un leve incremento en sus amenazas a profesores, del 12 % al 13 %, y una notoria
disminución de indicadores como el ciberacoso, que ha pasado de un 12 % a un 3 % en el curso actual, los
problemas para dar clase, que han bajado del 29 % al 23 %, y la problemática de acoso del alumnado al profesor,
del 11 % al 3 %.
Se ha producido un
repunte en el porcentaje de actuaciones relativas a denuncias de agresiones de padres o familiares, que han
aumentado en un 2 %, pues se ha pasado del 1 % al 3 % en el curso 2019-2020. Este incremento se ha
producido como consecuencia del aumento de la comunicación con los padres a través de las nuevas tecnologías, sobre
todo en el último cuatrimestre, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria y confinamiento. Otros
indicadores han experimentado un descenso, entre otros, las denuncias por acoso, al pasar del 42 % del curso
anterior a un 17 % en este; las denuncias de padres, del 31 % al 16 %; las acusaciones de padres
carentes de fundamento, del 42 % al 21 %; las faltas de respeto por parte de los padres, del 42 % al
23 %; las llamadas que denuncian presiones para modificar las notas, del 11 % al 8 %.
El parámetro de problemas
con la Administración se mantiene en el 33 %, algo que resulta preocupante. Los profesores transmiten que no se
sienten respaldados y que, ante cualquier problema, deben demostrar su inocencia cuando se les critica sin
contrastar la información fehacientemente. Esto produce situaciones de depresión, ansiedad y estrés en los
profesores, pues ven que su versión es menos importante que la de los padres o alumnos.
Las consecuencias de las
situaciones destacadas, en especial en este curso escolar donde los profesores y los alumnos han vivido una
situación de confinamiento domiciliario sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, conllevan un
importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de
maestros y profesores. El 73 % de los casos atendidos presentaba unos niveles de ansiedad impropios de la tarea
a realizar, un 13 % mostraba síntomas depresivos y un 11 % estaba de baja laboral. Estos datos trascienden al
propio docente, puesto que un estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que ocasiona, reduce
significativamente el rendimiento profesional y, en consecuencia, la calidad de la educación. Las bajas laborales
generan un coste para la Administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo
producen unos pocos, pero las consecuencias se extienden a toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con
el que interactúa el profesor agredido.
Es necesario que la
sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la
Administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer
orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa.
ANPE renueva su
compromiso de seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus
puestos de trabajo, así como su intención de mejorar su consideración social, hacer llegar a la opinión pública el
día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el puesto que realmente se
merecen.
