El servicio del Defensor del Profesor ha detectado un cambio en la naturaleza de la problemática que nos traslada el profesorado de la Comunidad de Madrid. Parece que los conflictos dentro del aula y con las familias se van estabilizando, mientras que cada año va en aumento el descontento del profesorado con la Administración y el sistema educativo.
Los aspectos que señala el profesorado como prioritarios son la mejora de sus condiciones laborales y buscar fórmulas para aumentar su bienestar en la tarea docente. Además, aumenta su preocupación por la falta de recursos para hacer frente a una educación de calidad inclusiva y para afrontar el creciente número de problemas causados por enfermedades mentales.
Desde el Defensor del Profesor y por la labor que realizamos en los centros, hemos detectado que los aspectos que más afectan al profesorado y a la percepción que estos tienen de su profesión son los siguientes:
Existe un exceso de burocracia que afecta al trabajo diario del docente. Es necesario simplificar e informatizar los procedimientos administrativos en el contexto educativo, para que los profesores dediquen la mayor parte de su tiempo a la enseñanza y a la preparación de sus clases en vez de a tareas burocráticas. Es necesario buscar fórmulas que permitan más docencia y menos burocracia.
Es imprescindible la reducción del horario lectivo del profesorado, que se reviertan los recortes del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, se recuperen las 18 horas lectivas en Secundaria y se reduzcan a 23 horas en Infantil y Primaria. El horario lectivo no es solo un tema de derechos laborales, incide directamente en la calidad de la enseñanza. El tiempo que los docentes necesitan para preparar sus clases repercute proporcionalmente en la calidad de esta.
Nadie pone en duda la correlación que existe entre una disminución de ratios y una mejora en los resultados académicos del alumnado. El descenso del tamaño de los grupos y el incremento de las plantillas permite atender de forma más personalizada al alumnado, lo que en la práctica se traduce en un mejor funcionamiento del sistema educativo. A mayor número de alumnos, menos posibilidades tiene el profesorado de proporcionar un tratamiento individualizado y una adecuada atención a la diversidad.
Queremos resaltar como hecho muy positivo que la Comunidad de Madrid en este curso 2022-2023 inició una bajada de ratios progresiva en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, pasando de 25 a 20 alumnos por clase. El próximo curso se aplicará en segundo curso de Educación Infantil y así sucesivamente hasta aplicarse en toda la Educación Primaria dentro de dos años. A su vez en Educación Secundaria comenzará la bajada progresivamente, de modo que avanzará simultáneamente en Educación Infantil y Primaria y Secundaria. Esperamos que la CAM continúe por la senda iniciada.
El aumento de recursos materiales y personales es clave si lo que pretendemos conseguir es un sistema educativo inclusivo que vaya encaminado a asegurar la igualdad de todos los alumnos y a disminuir el fracaso y el abandono escolar. La partida presupuestaria destinada a educación debería incrementarse con el objetivo de aumentar los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su calidad. En definitiva, no se puede escatimar ni en las plantillas en los centros ni en los recursos materiales que afectan a los centros de enseñanzas. Los recursos económicos destinados al proceso educativo son los que a corto, medio y largo plazo revierten de forma más eficaz en la sociedad.
Solicitamos a la Administración que incluya en plantilla:
Mejorar las condiciones laborales del profesorado debe traducirse en hechos concretos, como es el aumento de sus retribuciones. Retribuciones dignas, actualizadas y acordes con las responsabilidades que se les exigen. Los docentes de la Comunidad de Madrid han tenido una pérdida muy significativa de poder adquisitivo en las últimas décadas y comparando cuantitativamente sus retribuciones con las de los profesores de otras comunidades autónomas la diferencia es acusada. Lo que antes era una profesión con una remuneración competitiva en relación con otras salidas profesionales, se ha ido quedando atrás y los universitarios optan, cada vez más, por opciones que les permitan asegurar un nivel de vida que consideran adecuado y compense la inversión que hacen en sus estudios. Por este motivo en Madrid ha habido este curso, como en años anteriores, mucha dificultad para encontrar profesorado de ciertas especialidades.
Otro factor a tener en cuenta es la necesidad urgente de negociar un Estatuto de la Función Pública Docente, en el que se regule una carrera profesional que permita un adecuado desarrollo profesional del profesorado. Es necesario que el profesor no perciba, como ocurre actualmente, que no hay progresión a lo largo de su carrera docente.
Diferentes estudios han proporcionado datos preocupantes sobre el estado anímico de los docentes. Un porcentaje elevado de profesores declara tener un alto nivel de estrés. Debe ser una prioridad de la Administración cuidar el bienestar emocional de estos profesionales y del resto de la comunidad educativa.
Las múltiples tareas que debe abordar el profesor en su trabajo diario les generan sentimientos de impotencia e incompetencia, y han perdido la capacidad de desconectar, lo que lleva a que se sientan desmotivados y estresados. El estrés ocupacional provoca un empeoramiento en la salud mental del profesorado que acaba afectando su vida laboral y personal.
Un porcentaje elevado de profesores siente que su profesión no está valorada ni reconocida por la sociedad. Consideran que, constantemente, se cuestiona su profesionalidad y se les responsabiliza de las necesidades asistenciales de la sociedad. La crítica constante hacia el calendario escolar, la jornada escolar, las vacaciones del profesorado, entre otros aspectos, desprestigian nuestra profesión y desdibujan la verdadera naturaleza del proceso educativo. Muchos profesores denuncian que no son cuidadores sobre cualificados y que la Administración y la sociedad tienden a obviar el objetivo real de la educación.
La valoración de la profesión debe traducirse en asegurar a los profesores que están respaldados y protegidos en el desarrollo de su profesión y que su opinión como profesionales de la educación es respetada y valorada.
Desde el servicio del Defensor del Profesor seguiremos trabajando para mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la ciudadanía la realidad diaria de los centros educativos y poner de relieve la importancia de la educación como uno de los pilares de nuestra sociedad, que revierte en la formación de nuestro alumnado y, por ende, en su bienestar personal. Seguiremos dando apoyo a los docentes, desde este servicio, para que puedan seguir construyendo una educación de calidad, para atender las necesidades educativas de todo el alumnado de la Comunidad de Madrid.
El número de actuaciones realizadas desde el servicio del Defensor del Profesor (SDP) de ANPE-Madrid en el curso 2022-2023 asciende a 985, cincuenta y seis actuaciones más que en el curso 2021-2022. Supone un incremento en torno a un 5%.
Es un servicio de atención gratuito y confidencial para docentes. Los profesores que se ponen en contacto con nosotros nos relatan sus experiencias, aportando los datos de una forma abierta, no responden a ningún cuestionario. Los resultados se cuantifican posteriormente en unas estadísticas que nos permiten informar de las distintas problemáticas a las que se enfrenta el docente en su día a día.
Las intervenciones realizadas desde este servicio tienen como fin atender, apoyar y asesorar al profesorado en la resolución de conflictos en su tarea docente, constatando que esta labor cada vez conlleva una mayor complejidad y dificultad.
Por niveles educativos, el colectivo que más se ha puesto en contacto con nosotros ha sido el profesorado de Educación Secundaria (44 %), seguido por el de Primaria (40 %). Educación Infantil un (6 %), Formación Profesional un (6 %) y el colectivo “Otros” (EEOOII, Adultos, CEE…) un 4 %.
En el ámbito de ”Conflictos con los alumnos”, el parámetro que ha tenido un incremento significativo ha sido “acoso de alumnos al profesor” y “falsas acusaciones de alumnos” y un ligero aumento “agresión entre alumnos”, ”agresión de alumnos al profesorado”, “amenaza de alumnos” y “daños contra la propiedad.” Se ha producido un decremento en los parámetros de “problemas para dar clase”, “faltas de respeto” y “ciberacoso de alumnos”.
Con respecto a la problemática relacionada con los padres, el parámetro que ha sufrido un incremento significativo es el relacionado con el ”ciberacoso a los profesores” y un ligero incremento en “agresión física a profesores por parte de padres “y “denuncias en el centro e inspección educativa”. Los parámetros que han tenido un descenso más significativo son “falta de respeto de padres “y “acoso de padres“. El resto se mantiene en el mismo porcentaje.
En relación con los problemas con el entorno laboral, recogemos un aumento muy significativo en la problemática en las relaciones que se establecen entre la Administración y los docentes, datos que nos indican que casi uno de cada dos profesores considera esta relación como parte del conflicto.
En los centros educativos se sigue aplicando el Decreto de Convivencia de abril de 2019, aunque un 3 % nos manifiesta que este no se ha aplicado en su centro.
Queremos resaltar el aumento en la ansiedad del profesorado, que ha pasado de un 82 % a un 87 %, aquellos que manifiestan tener depresión aumentan de un 14 % a un 16 % y los profesores de baja laboral aumentan pasando de un 14 % a un 15 %.
El servicio del Defensor del Profesor quiere remarcar la importancia de que la sociedad valore, apoye y reconozca la labor de los profesores. La educación se basa en cuatro ejes fundamentales que debemos atender al unísono: alumnos, docentes, familias y Administración trabajando con un fin común. Pero la percepción en los centros educativos es que la responsabilidad de la educación recae sólo en ellos. Una sociedad que no confía en sus educadores, que no respeta ni reconoce su autoridad en el ejercicio de su función, tanto en valores como en conocimiento, está abocada al fracaso.
La atención al profesorado y la inversión en educación deben ser aspectos fundamentales a tener en cuenta si la Comunidad de Madrid pretende ofrecer una educación inclusiva de calidad. Su política educativa debe situar a la educación y a sus profesionales en el lugar que les corresponde.
