Saber decir “basta”
Inmaculada Suárez Valdés
Defensor del Profesor de ANPE-Madrid
Secretaria Estatal de Comunicación de ANPE
Si algo va calando poco a poco en el profesorado es el desencanto. Primero los recortes, luego la LOMCE y, en medio, unas declaraciones fuera de lugar cuestionando nuestra profesionalidad. Si a todo esto, y en parte como consecuencia de ello, se le suma la actitud de enfrentamiento que algunos padres mantienen por “un quítame allá estas pajas” con el profesor/a de turno, no es de extrañar que entre nuestras filas cunda el desánimo.
Con un nuevo curso escolar prácticamente iniciado, sorprende la rapidez con la que los progenitores comienzan a tomar posiciones. Primero nos llegan sus observaciones pedagógicas, luego las recomendaciones de cómo debemos tratar a su hijo –un niño especial al que hay que saber entender–. Después las redes sociales rematarán la faena de despedazar al docente y, por último y sin demasiada dilación, la denuncia.
Lo alarmante de estas actuaciones no reside solo en la permisividad con la que estas se toleran, sino también en el protagonismo que estos padres adquieren ante la comunidad educativa. Por esta razón, obrar con equilibrio y mesura será la mejor arma que podemos utilizar para que determinados hechos puntuales con una minoría de padres no acaben convirtiéndose en norma general de la vida cotidiana del centro.
Educados y correctos sí, dialogantes también, pero existe un punto de inflexión donde tanto Inspección, equipos directivos como profesorado tendrán que saber decir “basta”.
Y “basta” es lo que ha dicho un juez ante la denuncia de un padre que acusaba a la Dirección del centro de actuar fuera de la ley por quitar el móvil a su hijo y visionar su contenido. La noticia me sorprendió gratamente en el telediario del mediodía, como aviso a navegantes.
El padre, digno caballero andante en defensa de su hijo, había acudido a los juzgados como consecuencia de un hecho que había lesionado, a su parecer, el derecho de su vástago a la intimidad. Una intimidad que, según él, había sido vulnerada por los responsables del centro al visionar el contenido de un vídeo de carácter sexual, no apropiado para su edad, que portaba en su móvil –estamos hablando de Primaria– y que exhibía ostentosamente ante compañeros y compañeras de corta edad, que fueron quienes denunciaron los hechos.
El hecho de que desde la Judicatura se recuerde que la función de los centros educativos es educar y que deposite en el profesorado esta tarea es una buena noticia. Sentencias como esta calan en la sociedad y devuelven al profesorado una autoridad que nunca debió perder.
Está claro que para resolver los problemas que surgen en las aulas, además del profesorado se necesita la ayuda de los padres y la sociedad. Pero unos y otros debemos reflexionar sobre los valores que se les quiere inculcar a nuestros niños y adolescentes. No nos olvidemos de que el futuro de nuestra sociedad depende de ello.
