Desde hace ya varios años, es raro el día en el que un/a maestro/a de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje que trabaje en un centro de educación especial, aula TEA o de educación especial en centros ordinarios, no contacte con el servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE-Madrid. La razón es para indicarnos que ha sufrido una agresión grave por parte de un alumno/a. Ejemplos de agresiones pueden ser desde rotura de dientes o gafas, tocamientos, palabras malsonantes, escupitajos, mordidas en manos y cuello, empujones, daños corporales a la hora de realizar los protocolos de contención, rotura de tablets y de otros recursos educativos personales… Dichas situaciones crean un malestar en el docente que se va incrementando hasta llegar al síndrome del docente quemado o “burnout”. De hecho, ya estamos observando cómo en especialidades como pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL) se tienen que abrir, cada vez antes, las listas extraordinarias de profesorado interino debido a que estos profesionales son cada vez más necesarios.
Además de la carencia de profesorado de las especialidades de PT y AL, la escasez de recursos como técnicos de integración social (TIS) o técnicos III en los centros educativos hace que no se puedan atender de forma efectiva las necesidades del alumnado. Esto es así porque en estas aulas hay que dar clase a alumnos/as con necesidades muy específicas que pueden ser incluso mayores de 18 años. A veces con estos es más difícil intervenir en situaciones de crisis debido a la fuerza física que tienen. También hay alumnado que puede no recibir adecuadamente la medicación pautada por el facultativo que les trata. A su vez, si no existen los recursos convenientes es muy complicado solventar las autoagresiones que se realiza el propio alumnado o las que estos dirigen a otros compañeros/as de clase o incluso hacia profesionales del centro que les asisten.
Estos hechos conllevan que cada vez se produzcan más situaciones de incapacidades temporales o IT (bajas) en los profesionales que atienden estas aulas y estas se tarden en cubrir por parte de la Administración. Así, los alumnos/as de necesidades educativas especiales de dichas aulas tienen que ser atendidos por otros profesionales interinos que sustituyen a los anteriores y que tardan en incorporarse al centro y necesitan un tiempo mínimo para conocer las características del contexto educativo y de sus alumnos. No podemos olvidar que este tipo de alumnado requiere rutinas en su día a día y que también precisan de profesionales de referencia con poca rotación laboral. Por tanto, es precisamente en este tipo de aulas donde se deben tener aún más preparados todos los recursos personales y materiales necesarios para atenderles.
Nadie duda de que este tipo de alumnado no es consciente de sus comportamientos, comentarios y agresiones físicas dirigidos hacia el profesorado. No obstante, sí hay que reclamar que, para reducir estas conductas disruptivas, los centros educativos deben contar con los recursos humanos, organizativos, técnicos y materiales apropiados y suficientes. En este sentido, las direcciones de área territorial deben ser muy eficientes a la hora de incorporar estos perfiles profesionales de forma urgente y tramitar las bajas que se vayan produciendo con celeridad.
Desde ANPE-Madrid, entendemos y compartimos las situaciones por las que atraviesan los compañeros/as que se ponen en contacto con nosotros por estos motivos señalados. Por ello, queremos hacerles llegar que nuestras puertas están abiertas para ayudarles a mejorar sus condiciones laborales y atender sus reclamaciones profesionales.
La atención a la diversidad enriquece a toda la comunidad educativa, pero sí hemos de ser conscientes de que la sociedad es cada vez más diversa y, por tanto, actualmente se necesitan más medios para atender al alumnado adecuadamente. Igualmente, consideramos que se deben abordar todas las necesidades de los docentes que trabajan en estas aulas, fundamentalmente las que se relacionan con la falta de recursos en el número y perfiles de los profesionales que deben atender a este alumnado. En este sentido, si la Comunidad de Madrid quiere apostar por la inclusión educativa real, debe realizar una inversión económica adecuada para que esta no se convierta únicamente en una justificación política.
Finalmente, a modo de reflexión final y teniendo en cuenta todo lo que se ha expuesto anteriormente, podríamos plantearnos si este tipo de centros (donde se atiende a alumnado con necesidades educativas especiales tan diversas y específicas) deberían considerarse como centros de especial dificultad.
La salud mental de los docentes
