Presentación del Informe 2018-2019
| ANPE y el Defensor del Profesor presentaron el 20 de noviembre, en rueda de prensa, los informes nacional y de Madrid correspondientes al curso 2018-2019. |
En la presentación participaron el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, el presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián del Arco, y la coordinadora estatal del servicio, Laura Sequera Molina, y estuvieron presentes los defensores del Profesor de ANPE-Madrid, Guadalupe Pérez Pérez y José Antonio Carmona Gómez, así como numerosos medios de comunicación.
El informe del servicio El Defensor del Profesor de ANPE muestra, en el ámbito nacional, una preocupante estabilización en el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes. Casi 37.000 docentes han sido atendidos por ANPE desde la creación del Defensor del Profesor. De ellos, 2.174 corresponden al último curso, lo que supone una cifra similar al año anterior, con 2.179 casos.
En la Comunidad de Madrid, el número de actuaciones con profesores realizadas por el Defensor del Profesor en el curso pasado ha sido de 1.148, es decir, 21 menos que en el curso anterior. El 56 % de las llamadas recibidas han sido de profesores de Educación Infantil (7 %) y Primaria (49 %); 35 % corresponden a Educación Secundaria y Bachillerato, cifras similares a las del curso anterior. Sin embargo, se ha producido un incremento en las actuaciones correspondientes al epígrafe “Otros”, que incluye Centros de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música y Danza, etc., que han pasado del 2 al 6 %.
Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE, explicó que la cifra de docentes atendidos por el servicio, similar a la del año anterior, indica que “las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares” y que la mayoría proceden de la Educación Primaria, el 44,4 %, donde “ha aumentado la conflictividad”, si bien hace unos años estas situaciones “se producían más en Secundaria”, donde actualmente se concentra el 40,4 % de los casos.
Respecto a los alumnos, Nicolás Fernández destacó, entre otros datos, un leve incremento de las faltas de respeto a profesores, que pasan del 22 % al 23 %, y un aumento del 2 % en las amenazas de los alumnos a los docentes, que alcanzan al 10 % de los casos. En cuanto a los padres, se mantiene estable la mayoría de las variables recogidas y algunas sufren un ligero ascenso, aunque se observa un pequeño incremento en el acoso de padres a profesores, que pasa del 28 % al 29 %, y el indicador de las denuncias asciende del 19 % al 21 %. En cuanto a las acusaciones carentes de fundamento, también ha aumentado la cifra de un 25 % a un 26 %. Otra nota negativa son las agresiones físicas al profesor, que suben un punto respecto al curso anterior. En lo relativo a los problemas relacionados con los compañeros, se mantienen estables y se observa una disminución en los que se producen con equipos directivos, que pasan de un 31 % a un 27 %, algo que atribuye a la cobertura inmediata de las bajas, que eran “un continuo foco de conflictividad”.
El presidente nacional recalcó que estos datos se basan en las atenciones realizadas por el sindicato, pero no son representativos ni extrapolables al conjunto de la comunidad educativa. También señaló que el informe registra un “estancamiento en cuanto al número de casos, pero un agravamiento de las conductas”. Fernández Guisado considera que la situación política y de “parálisis institucional ha propiciado que no se hayan producido las iniciativas parlamentarias necesarias, sobre todo para la protección del menor y también del profesorado”. Al finalizar, reiteró las propuestas de ANPE aún no atendidas, entre otras, la reactivación del Observatorio estatal y los observatorios autonómicos de convivencia escolar; un Plan Estratégico de la Convivencia; un programa de prevención escolar y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos; un plan específico de formación del profesorado, que muchas veces se ve desbordado ante situaciones desconocidas, como el ciberacoso; ofertar asistencia jurídica a los docentes agredidos y el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores. Y concluyó que la escuela “sea el laboratorio para hacer una sociedad mucho más justa, mucho más libre y en la que podamos erradicar cualquier tipo de conducta o agresión y conflicto cuando se sale ya del ámbito propiamente educativo”.
La coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Laura Sequera Molina, presentó y analizó los datos sobre profesores que se pusieron en contacto con el servicio a nivel nacional y destacó los aspectos más relevantes de la intervención de los defensores y la diversidad de actuaciones que realizan telefónicamente, en los centros, a través de la Asesoría Jurídica, etc. Afirmó que muchas de las “humillaciones, vejaciones, amenazas y faltas de respeto” que sufren los docentes están relacionadas con la “falta de valores”, algo que se manifiesta en las figuras del “niño emperador”, a quien los padres no han puesto límites y que, por tanto, normaliza conductas contrarias a la convivencia, y del “padre helicóptero”, que protege a su hijo y le da la razón “sí o sí en todo”. También hizo referencia al creciente uso, por parte de los padres, de los grupos de WhatsApp para realizar “acusaciones, descalificaciones o injurias a los profesores, que no pueden defenderse”. “Muchos nos llaman por estas situaciones porque no saben cómo actuar”, explicó la coordinadora.
Andrés Cebrián del Arco, presidente de ANPE-Madrid, recordó la entrada en vigor, en la Comunidad de Madrid, del Acuerdo Sectorial Docente, ratificado en enero de 2018, y el Decreto de Convivencia, de abril de este año, cuya aplicación es de gran importancia para la convivencia en los centros. Aunque recalcó que ANPE-Madrid cuestionó algunos aspectos concretos del Decreto, afirmó que incorpora la mayoría de las aportaciones realizadas por el sindicato, entre otras, la no inclusión de la mediación y el acuerdo educativo como procedimientos para la corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar; un régimen disciplinario similar al del Decreto anterior; la referencia explícita a la Ley de Autoridad del Profesor; el reconocimiento del papel del profesorado, como elemento clave del sistema educativo; el respeto a su libertad de cátedra o la canalización de la participación de los miembros de la Comunidad Educativa a través de los Consejos Escolares de los centros.
Por otra parte, Andrés Cebrián destacó que el Acuerdo Sectorial Docente contempla la incorporación, hasta el curso 2020-2021, de 2800 nuevos efectivos, 500 de ellos para atención a la diversidad, un punto de partida para la recuperación de las condiciones sociales y profesionales del profesorado, aunque queda mucho por hacer. “Es prioritario que se produzca no solo un descenso de las ratios por aula, sino también del horario lectivo de los profesores”, afirmó el presidente de ANPE-Madrid. Y manifestó que los docentes están desbordados por el elevado número de alumnos que deben atender, sumado a la sobrecarga de tareas burocráticas. Por eso insistió en la importancia de aumentar las plantillas de profesores de los centros para atender a actividades de refuerzo, desdobles, ampliación, y especialmente de aquellos destinados a atención a la diversidad, como PT, AL, PTSC u orientadores. “Es urgente abordar la actualización de la legislación que afecta a las ratios y la atención a la diversidad, para alumnos con necesidades educativas especiales, ya que, a falta de legislación, se sigue aplicando la de 1990”, afirmó Andrés Cebrián.
Andrés Cebrián del Arco, presidente de ANPE-Madrid, recordó la entrada en vigor, en esta comunidad, del Acuerdo Sectorial Docente, ratificado en enero de 2018, y el Decreto de Convivencia, de abril de este año, cuya aplicación es de gran importancia para la convivencia en los centros. Aunque recalcó que ANPE-Madrid cuestionó algunos aspectos concretos del Decreto, afirmó que incorpora la mayoría de las aportaciones realizadas por este sindicato, entre otras, la no inclusión de la mediación y el acuerdo educativo como procedimientos para la corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar; un régimen disciplinario similar al del Decreto anterior; la referencia explícita a la Ley de Autoridad del Profesor; el reconocimiento del papel del profesorado como elemento clave del sistema educativo; el respeto a su libertad de cátedra o la canalización de la participación de los miembros de la Comunidad Educativa a través de los Consejos Escolares de los centros.
Por otra parte, Andrés Cebrián destacó que el Acuerdo Sectorial Docente contempla la incorporación, hasta el curso 2020-2021, de 2800 nuevos efectivos, 500 de ellos para atención a la diversidad, un punto de partida para la recuperación de las condiciones sociales y profesionales del profesorado, aunque queda mucho por hacer. “Es prioritario que se produzca no solo un descenso de las ratios por aula, sino también del horario lectivo de los profesores”, afirmó el presidente de ANPE-Madrid. Y manifestó que los docentes están desbordados por el elevado número de alumnos que deben atender, sumado a la sobrecarga de tareas burocráticas. Por eso insistió en la importancia de aumentar las plantillas de profesores de los centros para atender a actividades de refuerzo, desdobles, ampliación, y especialmente de aquellos destinados a atención a la diversidad, como PT, AL, PTSC u orientadores. “Es urgente abordar la actualización de la legislación que afecta a las ratios y la atención a la diversidad, para alumnos con necesidades educativas especiales, ya que, a falta de legislación, se sigue aplicando la de 1990”, afirmó Andrés Cebrián.
El presidente de ANPE-Madrid recordó que la Administración debe defender y tutelar, mediante normas, a todos los miembros de la comunidad educativa frente a posibles agresiones que lesionen sus derechos o su imagen pública, incluidas las realizadas a través de las redes sociales. Explicó que desde el Defensor se ha detectado que grupos minoritarios, carentes de representatividad y coordinados, de forma anónima lanzan infundios a través de estas redes. Estas actuaciones perjudican la imagen de los docentes afectados, los equipos directivos y otros integrantes de la comunidad educativa, y pueden llegar a constituir acoso y vulnerar su derecho al honor. Los profesores envueltos en estas acusaciones ficticias, donde su profesionalidad se ve afectada y denostada, se encuentran en una situación de indefensión.
Asimismo, el presidente de ANPE-Madrid contrapuso los planteamientos y actitudes de estos sectores a las experiencias diarias de los docentes y las manifestaciones de la mayoría de los padres, confirmadas por el Estudio sobre el grado de satisfacción de las familias madrileñas con la educación en la Comunidad de Madrid, realizado entre el 1 de junio y el 6 de julio de 2018, a través de 1.650 entrevistas a familias con hijos escolarizados en Educación Primaria y Secundaria, pues en el apartado relativo al profesorado, las familias se muestran “satisfechas” o “muy satisfechas” con la preparación de las clases, la atención a los alumnos y la capacidad de los docentes para hacerse entender.
Andrés Cebrián recordó la campaña presentada por ANPE en la rueda de prensa del Defensor del Profesor de 2018, con el fin de reclamar el uso responsable de los grupos de WhatsApp y la colaboración de las familias para frenar las faltas de respeto hacia el profesorado. También manifestó su gratitud a los medios de comunicación por su profesionalidad y buen hacer, pues la mayoría se preocupa por contrastar la información antes de difundir acusaciones que pueden lesionar derechos, dar lugar a acciones legales y dañar seriamente a los docentes, los centros y, en definitiva, a todo el sistema educativo, por la inquietud, la inseguridad y el sentimiento de desprotección que provocan en el profesorado.
“ANPE-Madrid —concluyó el presidente de ANPE-Madrid— seguirá reclamando la intervención de los agentes sociales para que los derechos de los miembros de la comunidad educativa, sean alumnos o profesores, no se puedan lesionar impunemente en las redes sociales”. Y reiteró que es imprescindible situar la educación en el centro de los intereses y prioridades de la sociedad y dignificar la profesión docente, “que debe ser reconocida y protegida desde todas las instancias”.
Ver-> Memoria del Defensor del Profesor de ANPE-Madrid curso 2018-2019
Ver-> Gráficos del Defensor del Profesor de ANPE-Madrid curso 2018-2019
