Una vez más, la educación madrileña se está convirtiendo en campo de batallas que responden más a intereses ajenos a este ámbito que a la legítima defensa de ideas, en busca de soluciones y en pro de la mejora del sistema educativo.
La confrontación generada por asuntos que alcanzan gran repercusión mediática, como el pin parental, la prohibición de los deberes, la consideración de la educación afectivo-sexual como asignatura troncal o incluso la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, es la expresión de una forma de hacer política, cada vez más extendida, que suscita debates estériles y desvía la atención de lo verdaderamente sustancial.
La escasa voluntad política, sumada a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y sus devastadoras consecuencias, han impedido completar la puesta en marcha de reformas imprescindibles para la educación regional. Por si esto fuera poco, ahora, de nuevo, nos vemos inmersos en otra campaña electoral. En este contexto, la politización desplaza la atención de las auténticas necesidades y prioridades, y la convierte en foco mediático por temas que, en muchos casos, carecen de verdadera relevancia para sus protagonistas.
Estas controversias, que generan polémicas artificiales y enfrentamientos entre sectores cuyos esfuerzos deberían ser confluyentes, contaminan la educación y atentan contra principios esenciales como la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, la autoridad del profesor y la libertad de cátedra de los docentes, al tiempo que dificultan que los profesionales de la educación puedan cumplir con sus verdaderos cometidos.
Por otra parte, crean un clima de continua crispación que enrarece la convivencia en los centros afectados y sirven de cortinas de humo para desdibujar las verdaderas prioridades de la educación madrileña, un panorama que en nada beneficia al quehacer diario de los centros educativos, al alumnado y al profesorado de la enseñanza pública, y solo puede favorecer a quienes intentan obtener réditos electorales.
La educación debe permanecer al margen de debates e intereses ideológicos o partidarios. Los asuntos con ella relacionados no se pueden tratar a la ligera, mediante declaraciones que anuncian medidas efectistas, o hacer bandera política de ocurrencias sin fundamento, y no es un contexto electoral el más adecuado para hacerlo. En estos momentos de incertidumbre y ante el desarrollo normativo y reglamentario de la LOMLOE, los distintos sectores políticos tienen la obligación de anteponer los intereses generales a los de partido y centrar su atención y esfuerzos en aspectos tan relevantes como la puesta en marcha del nuevo diseño curricular en la Comunidad de Madrid o las propuestas regionales relativas al desarrollo de la profesión docente. Asimismo, deberían tomar en cuenta asuntos como la disminución de las ratios, cuya importancia se ha evidenciado en esta etapa; la regulación del teletrabajo o el pago de tutorías en Primaria, una reivindicación histórica de ANPE-Madrid, o la búsqueda de soluciones para prestigiar y hacer atractiva la profesión docente, y así evitar los problemas que se están planteando en este curso para incorporar nuevos profesores.
Todos los aspectos profesionales de la educación deben ser analizados y valorados contando con la participación del profesorado, a través de sus representantes, y tratados con la ponderación que corresponde a su relevancia.
Rechazamos, por tanto, una vez más, el uso electoralista de un tema tan fundamental como la educación, que debe permanecer al margen de los vaivenes de la confrontación política y estar dotado de la estabilidad acorde a su cometido de servicio público.
Pronto sabremos, tras las elecciones del 4 de mayo, quién dirigirá la educación madrileña en los próximos años. Solo nos queda esperar que, cualquiera fuere el resultado, el futuro nos traiga acuerdos y políticas beneficiosas para los docentes y, en definitiva, para la enseñanza pública.1
La politización desplaza la atención de las auténticas necesidades y prioridades