EL curso 2024-25 ha estado marcado por una realidad compleja que impide realizar un balance categórico. No podemos hablar, honestamente, de un curso positivo, pero tampoco sería justo calificarlo como negativo. Ha sido, más bien, un año de contrastes, en el que se han logrado avances importantes para el colectivo docente, al tiempo que han emergido preocupantes retrocesos normativos que impactan de lleno en la calidad del sistema educativo y en el ejercicio de la profesión docente.
Entre los logros que desde ANPE-Madrid consideramos relevantes, destaca la firma de un nuevo acuerdo que incluye mejoras esenciales como la reducción de ratios, disminución del horario del profesorado o incremento de cupos; así como avances en materia de permisos y licencias, y en la regulación de las listas de interinos. Estas conquistas no han sido fruto de la improvisación, sino del trabajo constante de nuestra organización en la Mesa Sectorial, donde hemos insistido, con argumentos, propuestas y firmeza, en la necesidad de dignificar la labor docente en nuestra comunidad.
Sin embargo, estos avances han venido acompañados de un contexto de negociación especialmente difícil. A lo largo del curso, la Administración educativa ha mostrado una preocupante cerrazón ante demandas fundamentales, particularmente en lo relativo a mejoras retributivas y al aumento de la inversión en educación. Esta actitud ha generado un clima de tensión creciente, que desembocó en un ciclo de movilizaciones sin precedentes: concentraciones, manifestaciones y hasta cuatro jornadas de huelga impulsadas por ANPE-Madrid y el resto de sindicatos presentes en la Mesa Sectorial. Aunque la participación en las huelgas no alcanzó las cifras esperadas, la alta afluencia en las manifestaciones reflejó el hartazgo de un profesorado que, aunque agotado, se mantiene firme en la defensa de su dignidad profesional.
Pero si algo ha empañado este curso, ha sido el conjunto de medidas unilaterales anunciadas por la Comunidad de Madrid para su aplicación en el curso 2025-26, que han generado gran inquietud. La incorporación de 1.º y 2.º de la ESO en centros de Infantil y Primaria, vinculada además a la imposición de la jornada partida, ha sido adoptada sin consenso ni transparencia. Esta decisión vulnera la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, rompe con la estructura diferenciada entre etapas educativas y plantea serias dudas sobre su viabilidad normativa, pedagógica y logística. Además, se corre el riesgo de trasladar una imagen errónea y estigmatizante de los institutos, cuya labor educativa merece un reconocimiento pleno.
Asimismo, la modificación de la normativa sobre la jornada escolar supone un ataque frontal a un derecho fundamental de los centros: la libertad de decidir, en función de sus características y necesidades, si optan por jornada continua o partida. En lugar de facilitar esta decisión mediante criterios pedagógicos, la Administración ha optado por imponer restricciones arbitrarias que limitan la capacidad de los centros para organizar su funcionamiento de manera eficaz.
A esto se suma la intención de prohibir el uso de pantallas en los colegios, una medida que, si bien parte de una preocupación legítima sobre el abuso de la tecnología, no puede aplicarse sin un debate riguroso, sin evidencias claras y sin respetar la autonomía profesional del docente. Los profesores deben tener la libertad de utilizar, con criterio pedagógico, todas las herramientas a su disposición, siempre en beneficio del aprendizaje de sus alumnos.
En definitiva, no ha sido un curso fácil para los docentes madrileños. A las conquistas en condiciones laborales y derechos profesionales se han contrapuesto decisiones políticas que, lejos de mejorar la educación, han sembrado incertidumbre y malestar. Desde ANPE-Madrid reiteramos nuestro compromiso con una educación pública de calidad, basada en el respeto a la profesión docente y en la autonomía de los centros.
Seguiremos defendiendo con firmeza un modelo educativo centrado en las personas, en la pedagogía y en la profesionalidad de los equipos docentes. Porque la educación no puede construirse desde la imposición, sino desde el consenso y la confianza en quienes están, día a día, en las aulas.
Reiteramos nuestro compromiso con una educación pública de calidad, basada en el respeto a la profesión docente y en la autonomía de los centros