El 17 de noviembre se publicó en el BOE el primer gran cambio normativo en desarrollo de la LOMLOE, el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
En virtud de dicho Real Decreto, este curso ya no habrá en la ESO exámenes de recuperación en junio, los alumnos podrán graduarse con un número indeterminado de materias pendientes y, del mismo modo, los de Bachillerato podrán titular y presentarse a la EvAU con una asignatura suspensa.
Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, esta norma, que concreta lo dispuesto en la LOMLOE, busca reducir al máximo la repetición y el abandono escolar temprano, pero estos objetivos loables no se podrán nunca alcanzar con el establecimiento de sistemas de promoción y titulación con materias suspensas, salvo que lo que realmente se pretenda sea maquillar la realidad, ocultar las carencias y mejorar las encuestas.
La mejora del sistema educativo no se consigue obviando el fracaso escolar, requiere la adopción de medidas estructurales conducentes a la detección temprana de los problemas de aprendizaje, estableciendo programas de refuerzo y prestando una atención más individualizada al alumno, y para ello es necesario dotar a los centros del profesorado necesario y reducir las ratios.
El nuevo sistema de evaluación no solo fomenta y premia la dejadez en detrimento del esfuerzo, también acaba con la excelencia académica, devalúa los títulos y provoca desmotivación en profesores y alumnos.
Toda la responsabilidad sobre la promoción y titulación recae ahora en las juntas de evaluación, que deberán tomar tan importante decisión sin contar con criterios claros y objetivos. La figura del profesor especialista de área queda relegada a un segundo plano. Se cuestiona su trabajo y, de alguna manera, se debilita su autoridad académica y se vulnera su libertad de cátedra. La especial relevancia que el Real Decreto concede a la actuación colegiada del equipo docente esconde su verdadera intención, que no es otra que lograr la deseada “promoción general”.
No tiene sentido que se pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el Título de Bachiller con asignaturas suspensas. Todas las materias contribuyen a la adquisición de las competencias establecidas y superarlas es el indicador indudable de que el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa.
Ante este despropósito, el 23 de noviembre, la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, publicó Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa en la que se dictan instrucciones para el desarrollo y aplicación del Real Decreto en la Comunidad de Madrid e incluye una serie de orientaciones para facilitar a los equipos docentes la adopción de decisiones con criterios objetivos y homogéneos.
Dicha Resolución establece mayorías cualificadas, entre los miembros de las juntas de evaluación, para adoptar decisiones de promoción y titulación: dos tercios en ESO y cuatro quintos en Bachillerato, si bien recomienda, como criterio objetivo, que el título se obtenga con todas las materias aprobadas.
Estas disposiciones no solucionan el problema, pero al menos mitigan en parte las nefastas consecuencias del Real Decreto, contribuyen a dar seguridad jurídica a los docentes en el proceso de evaluación y garantizan, de alguna forma, la excepcionalidad de la promoción o titulación con suspensos.
Según un reciente informe de Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) el 30% de los españoles pobres, lo son porque su familia lo era. Esta cifra nos sitúa en el cuarto lugar dentro de la UE en el índice de “pobreza heredada”, siete puntos por encima de la media.
Para revertir esos datos tan preocupantes es preciso potenciar como recurso de ascenso social la educación de calidad, en especial la educación pública, la única que garantiza la igualdad de oportunidades y la única a la que, generalmente, tienen acceso los alumnos más desfavorecidos, y mucho nos tememos que medidas como las recogidas en el Real Decreto en cuestión van inevitablemente en el sentido contrario.
La mejora del sistema educativo no se consigue obviando el fracaso escolar. Requiere la adopción de medidas estructurales conducentes a la detección temprana de los problemas de aprendizaje, estableciendo programas de refuerzo y prestando una atención más individualizada al alumno, y para ello es necesario dotar a los centros del profesorado necesario y reducir las ratios