Una vez superada la pandemia provocada por el COVID-19, para ANPE ha llegado la hora de apostar decididamente por la enseñanza pública y su profesorado, y así mejorar la calidad de nuestro Sistema Educativo.
ANPE pide al Ministerio de Educación y FP y a las Comunidades Autónomas un compromiso firme y decidido con la enseñanza pública y su profesorado.
Para ello es fundamental que el Ministerio de Educación, en colaboración con las CCAA, desarrolle lo antes posible la Disposición Adicional Séptima de la LOMLOE y así se establezca:
Es en la normativa que desarrolle lo anterior, tanto por parte del Estado como de las CCAA, donde se deben fijar y recogerlas siguientes medidas:
Los docentes somos un cuerpo estatal y no cabe discriminación salarial ni diferencias en la retribución por las funciones que realizamos en las distintas Comunidades Autónomas.
Es imprescindible también, y ahora más necesario que nunca, establecer una cláusula de revisión salarial en función del IPC, y así evitar la pérdida de poder adquisitivo que, en este año 2022, puede llegar a ser muy significativa. Es necesario, a su vez, que todas las funciones que realiza el profesorado, al margen de la docencia, sean retribuidas y reconocidas.
ANPE fue el único sindicato que exigió a la Ministra fijar un horario lectivo del profesorado máximo para todo el Estado, de tal manera que no pueda superar las 23 horas lectivas para las enseñanzas de Infantil y Primaria, y de 18 horas lectivas para el resto de enseñanzas, y evitar así grandes diferencias entre CCAA. Para ello se debería modificar la Ley 4/2019 y que ese horario lectivo máximo no sea el recomendado sino el obligatorio, y luego poder reducirse más en los ámbitos autonómicos, llegando al horario lectivo que se tenía en muchas CCAA por debajo.
Es necesaria una reducción del número máximo de alumnos por aula en todas las enseñanzas: máximo de 15 en Infantil 3 años y 18 en 4 y 5 años, 20 en Primaria, 25 en Secundaria y Bachillerato, y reducción de un 20 % en el resto de enseñanzas. Por otro lado, es importante disminuir el número mínimo de alumnos para que se puedan crear grupos, impartir materias y establecer enseñanzas, algo fundamental en la zona rural.
Inclusión de todos los docentes, con titulación universitaria, en el grupo funcionarial A1, manteniendo los cuerpos docentes y estableciendo mecanismos de equiparación salarial.
Es necesaria una equiparación de los permisos, licencias y excedencias del profesorado en todo el Estado, además de acabar con la discriminación existente con otros empleados públicos. También exigimos el establecimiento de ayudas sociales para el profesorado como matrícula gratuita en la Universidad y en los centros de régimen especial, ayudas de Escuela Infantil, comedor y de estudios para nuestros hijos, etc.
Una formación inicial y requisitos para impartir docencia similares en todos los cuerpos docentes que permita la integración de todos ellos en el más alto grado funcionarial. Respecto a la formación permanente del profesorado, debe ser gratuita y en horario lectivo.
Estabilidad de plantillas y nuevo sistema de acceso a los cuerpos docentes. Es necesario dar estabilidad a las plantillas de los centros a través de amplias ofertas de empleo público. A su vez, hay que cambiar el actual sistema de concurso-oposición por otro más objetivo, con temarios oficiales con contenido, no meros títulos de temas, y pruebas más objetivas. Con una valoración de la experiencia docente hasta el máximo permitido por la legalidad y eximir de la fase de prácticas a aquellos docentes que ya han desempeñado su labor docente como interinos durante un tiempo mínimo.
Además de las convocatorias de Concurso General de Traslados de carácter estatal, se regulen convocatorias de comisiones de servicio, válidas para todo el territorio nacional y de “concursillo”.
Es imprescindible regular una carrera profesional, con reconocimiento económico y administrativo, basada en criterios objetivos. Hay que potenciar la convocatoria en todas las CCAA de plazas de acceso a cátedras hasta llegar al 30 % de la plantilla. Es imprescindible también fijar un modelo de jubilación anticipada con carácter específico a nuestro sector y asegurar su continuidad.
Es necesario establecer un Plan de mejora de la convivencia en los centros que sirva de marco para todas las CCAA, además de una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función.
Los Claustros deben recuperar su protagonismo y asumir más competencias en el gobierno y toma de decisiones de los centros educativos, por ejemplo, eligiendo al director.
Hay que reducir drásticamente la burocracia que sufrimos los docentes que no ha parado de aumentar en los últimos años, fundamentalmente en el momento actual con el desarrollo de la LOMLOE. Ahora más que nunca es necesario exigir menos burocracia y más docencia.
