Esteban Serrano Tamayo
Vicepresidente
Durante más de dos décadas, los auxiliares de conversación se han consolidado como una de las piezas más valiosas del modelo bilingüe de la escuela pública madrileña. Su misión: poner al alumnado en contacto diario con un hablante nativo. Hoy, sin embargo, ese recurso está atrapado en una disputa entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo que amenaza con dejar a los colegios públicos de Madrid sin auxiliares en el curso 2026-2027.
Su valor pedagógico es difícil de discutir. Aprender un idioma exige exposición real a la lengua viva: a su pronunciación, su entonación y su carga cultural. El auxiliar multiplica las oportunidades de escucha y de interacción oral auténtica (la destreza más difícil de desarrollar cuando el inglés no se usa fuera del aula): aporta modelos de habla natural, desinhibe a los alumnos y permite al profesorado dinamizar las actividades de speaking. Por este motivo, los coordinadores de bilingüismo lo consideran esencial.
Para los alumnos, el programa significa aún más. Para muchos, el auxiliar es el primer hablante nativo con quien conversan, una oportunidad que fuera de la escuela suele pagarse con academias o estancias en el extranjero; en la pública, ese contacto democratiza el acceso al idioma y reduce la brecha social. Escuchar distintos acentos y referentes culturales fomenta la competencia intercultural, refuerza la confianza para hablar, rebaja el miedo al error y mejora los resultados en pruebas orales y certificaciones. El auxiliar de conversación actúa además como un modelo cercano que vuelve el idioma deseable y útil para su futuro académico y profesional.
El origen del conflicto es la siguiente pregunta: ¿el auxiliar es un becario o un trabajador? Para el Ministerio de Educación es una figura de apoyo cultural y lingüístico que recibe ayudas de alojamiento y manutención, no un salario. Para el Ministerio de Trabajo, cumplir un horario, seguir las directrices del centro y prestar un servicio necesario configura una relación laboral, con alta en la Seguridad Social y cotizaciones. El precedente decisivo fue una sentencia del Juzgado de lo Social de Granada (junio de 2024), que reconoció el carácter laboral de más de un centenar de auxiliares; tras una sanción propuesta de 5,2 millones, Andalucía suprimió el programa en 2025-2026, con efecto dominó en el resto.
La falta de coordinación entre ministerios agrava la situación: una misma figura es apoyo cultural para uno e irregularidad sancionable para otro. Ante una posible multa de hasta 38 millones de euros, la Comunidad de Madrid ha anunciado que no podrá mantener las plazas en los colegios públicos en 2026-2027. Una posible solución puede consistir en contratar maestros de inglés interinos, que aportarían plena seguridad jurídica y continuidad al proyecto, aunque sin la autenticidad cultural del nativo.
En este debate, ANPE-Madrid viene reclamando desde hace años una evaluación rigurosa del modelo bilingüe y una regulación clara y estable. Resulta necesario proteger a la vez los derechos laborales de auxiliares y docentes y la continuidad de un recurso eficaz, exigiendo que las administraciones se coordinen en lugar de trasladar la incertidumbre a los centros.
Consideramos que la Comunidad de Madrid debería hacer un esfuerzo y encontrar una solución para un modelo que siempre ha considerado seña de identidad de la escuela pública madrileña. Si el auxiliar desaparece sin alternativa, los grandes perjudicados serán los alumnos, que verán reducidas sus oportunidades de exposición real al idioma. El reto no es suprimir el programa, sino garantizar su continuidad con normas claras, contratación segura y financiación suficiente; mientras tanto, conviene articular soluciones de transición que protejan lo esencial: el aprendizaje de los niños.
En este debate, ANPE-Madrid viene reclamando desde hace años una evaluación rigurosa del modelo bilingüe y una regulación clara y estable