Francisco Rodríguez Sánchez
Secretario de Acción Sindical
Madrid sigue regulando sus centros con normativa de los años 90.
Los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid continúan rigiéndose, en aspectos esenciales de su organización y funcionamiento, por normativa aprobada hace más de tres décadas.
En el caso de los CEIP, sigue vigente la Orden de 29 de junio de 1994, Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, mientras que en los IES continúa aplicándose el Real Decreto 83/1996, que regula el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 29 de junio de 1994 sobre la organización y el funcionamiento.
Se trata de disposiciones elaboradas en el marco de la LOGSE, anteriores a la LOE, la LOMCE y la actual LOMLOE, y diseñadas para un sistema educativo muy distinto al actual.
Se trata de una normativa desfasada para una escuela del siglo XXI. Desde la aprobación de estas normas, el sistema educativo ha experimentado transformaciones profundas: implantación de nuevas leyes orgánicas, generalización de la digitalización educativa, incremento de la diversidad en las aulas, nuevas exigencias en materia de convivencia, mayor complejidad organizativa en los centros, nuevas figuras y responsabilidades docentes.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha aprobado un nuevo Reglamento Orgánico autonómico adaptado a la realidad actual, a diferencia de otras comunidades autónomas, como Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, que sí han actualizado su normativa.
Esto provoca en los docentes madrileños una situación de inseguridad jurídica, principalmente para los equipos directivos, además de una ambigüedad en la interpretación de funciones, falta de adaptación a la LOMLOE, regulación insuficiente de coordinaciones y nuevas responsabilidades, y un exceso de cargas burocráticas no previstas en la normativa vigente.
Diversas comunidades han desarrollado decretos propios de organización y funcionamiento adaptados al marco legislativo actual, actualizando diversos aspectos como las competencias de los órganos de gobierno, el régimen de coordinación docente, funciones directivas, la autonomía organizativa y pedagógica y la regulación específica de planes digitales y convivencia.
La Comunidad de Madrid sigue siendo una de las pocas que mantiene en vigor normativa orgánica anterior al año 2000 sin una revisión integral. Las normas vigentes en Madrid fueron concebidas en un contexto sin digitalización educativa extendida ni metodologías activas centradas en competencias, no incorporan adecuadamente principios actuales de inclusión, atención a la diversidad, liderazgo pedagógico y no responden a las necesidades de coordinación docente moderna.
Esta situación genera incoherencias y fragilidad jurídica que obligan muchas veces a depender de instrucciones anuales para concretar la organización del curso. Una normativa autonómica actualizada mejoraría las funciones de órganos colegiados como el consejo escolar y el claustro, permitiría adaptar estructuras a contextos reales sin tener que recurrir a instrumentos transitorios y daría mayor seguridad jurídica a directores/as y profesorado.
La Comunidad de Madrid está hoy en una posición normativa desfasada. Esta situación no responde a las necesidades reales de la educación contemporánea y genera desajustes pedagógicos, organizativos y jurídicos.
La actualización de la normativa de organización y funcionamiento no es una opción menor, sino una necesidad estratégica para fortalecer la autonomía de los centros, la calidad educativa y la coherencia con la legislación vigente.
Desde ANPE-Madrid hemos venido señalando la necesidad de abrir un proceso de revisión normativa que permita dotar a los centros educativos de un marco jurídico moderno, coherente y adaptado a la legislación vigente.
La actualización del Reglamento Orgánico no es una cuestión meramente técnica. Es una herramienta imprescindible para poder desarrollar diversos aspectos como el fortalecimiento de la autonomía de los centros, clarificar las competencias y responsabilidades, reducir conflictos interpretativos, mejorar la gestión interna, adaptar la organización escolar a los retos actuales.
Desde ANPE-Madrid consideramos vital la apertura inmediata de una mesa técnica de negociación, la elaboración de un nuevo Decreto autonómico de organización y funcionamiento, la derogación expresa de la normativa de los años 90, una actualización de la atención a la diversidad, una organización más flexible de tiempos y espacios y todo ello acompañado de una simplificación administrativa
Podemos concluir diciendo que, treinta años después, la comunidad educativa madrileña continúa esperando una normativa acorde con el siglo XXI. La modernización del marco organizativo de los centros educativos no puede seguir posponiéndose si se pretende garantizar calidad educativa, seguridad jurídica y una gestión eficaz de los recursos públicos.
Treinta años después, la comunidad educativa madrileña continúa esperando una normativa acorde con el siglo XXI