Rotundo rechazo al borrador del nuevo Decreto de Convivencia

Editorial

Rotundo rechazo al borrador del nuevo 
Decreto de Convivencia

El pasado 18 de enero, la Comisión Permanente del Consejo Escolar aprobó, con el voto en contra de ANPE, el dictamen en relación con el proyecto de decreto por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Pésima noticia para el colectivo docente y para la educación en general. El nuevo proyecto pretende derogar el vigente Decreto de Convivencia del año 2007 que tanto ha contribuido, junto a la Ley de Autoridad del Profesor, a mejorar la convivencia escolar desde el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa y a crear el necesario clima de sosiego para poder desarrollar con normalidad los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Dicho decreto supuso para el profesorado y los equipos directivos un notable cambio con respecto al anterior decreto de 2002, mucho más permisivo, burocratizado y plagado de cautelas para los alumnos con conductas contrarias a las normas de convivencia. Entre otras virtudes, la actual normativa sobre convivencia escolar que rige en la Comunidad de Madrid reconoce expresamente el derecho y el deber de los profesores a ejercer su autoridad sobre los alumnos; prescinde de eufemismos políticamente correctos y habla con claridad de disciplina, normas de conducta y autoridad; agiliza y desburocratiza los procedimientos sancionadores; establece el principio de inmediatez en las sanciones y la capacidad sancionadora se atribuye expresamente a los profesionales de la educación: profesores, tutores, jefes de estudio y directores.

Pero, como es bien sabido, esta norma nunca ha sido del agrado de algunos sectores, que consideran que tanto el Decreto de Convivencia de 2007 como la Ley de Autoridad del Profesor son normas basadas en un enfoque culpabilizador y punitivo de los conflictos escolares, que no propician la labor educativa en la prevención y no cuentan con la participación de toda la comunidad educativa en su desarrollo y aplicación.

El proyecto de decreto presentado por la Consejería de Educación e Investigación, con carácter de urgencia y sin el debido debate previo con todas las organizaciones sindicales mayoritarias de la educación pública madrileña, más parece responder a las exigencias de esos mismos sectores que a las verdaderas demandas y necesidades de los docentes.

ANPE-Madrid rechaza este borrador porque sitúa al profesor como un miembro más de la comunidad educativa, difuminando su determinante papel como profesional de la educación –elemento clave del sistema educativo– y su condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Considera a los docentes como una parte más del problema de la conflictividad en los centros y no como lo que realmente son: el factor fundamental para su solución.

Al mismo tiempo, atribuye al alumnado un excesivo protagonismo en la gestión del centro y de la convivencia, y propicia la intromisión de los padres en cuestiones técnico-profesionales que solo corresponden a los docentes: programación, metodología, aspectos pedagógicos, evaluación, normas de funcionamiento del aula, etc. Bajo la apariencia de la búsqueda de una mayor participación y cooperación entre la familia y la escuela, subyace la intención de otorgar mayor protagonismo a las asociaciones de padres y madres en la vida de los centros, para que puedan ejercer el control e incidir en su gestión, así como sobre otros aspectos inherentes a la labor docente.

Sorprende la ausencia, entre los derechos de los profesores o entre los deberes de los alumnos y sus familias, de referencias a la libertad de cátedra, dentro de la autonomía pedagógica. El borrador consagra medidas o atribuciones que podrían vulnerar este derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 20.1.

El proyecto de decreto introduce la mediación y el acuerdo educativo como procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, incluso las graves y muy graves. La mediación, excesivamente dimensionada en el texto, solo habría de aplicarse, en el ámbito educativo, entre iguales y para faltas leves o casos de escasa entidad, pero nunca con profesores. Además, la puesta en marcha de estos procedimientos implicaría la creación de nuevas figuras o perfiles para llevarlos a cabo que supondrían un incremento de la burocracia y un elemento distractor del docente de su verdadera función como profesional de la educación.

Con un lenguaje eufemístico, el borrador pretende encubrir una relajación de las normas de convivencia que dificultaría el desempeño de los centros educativos como ámbitos de estudio, superación, esfuerzo y preparación para la futura vida laboral o la educación superior. Así, las “sanciones” ceden el lugar a “medidas correctoras” –aunque ambas pueden coexistir, por ser dos conceptos diferentes y complementarios– y las “acciones contrarias a la convivencia escolar” aluden a actos de indisciplina, acoso, etc.

En términos generales, se trata de un texto más garantista con los alumnos infractores que con los perjudicados por sus actos, un mensaje que, lejos de aminorar la violencia en los centros, puede contribuir a su incremento, dada la atenuación de las consecuencias de las agresiones.

La aplicación de este proyecto de decreto tendría por consecuencia un deterioro de la convivencia en los centros, mediante la depreciación de la disciplina, el respeto a las normas, la cultura del esfuerzo y el valor de la educación como elemento fundamental para el crecimiento intelectual, afectivo, social y como vía de inserción en una sociedad cada vez más exigente. Esto ocasionaría serios perjuicios a los docentes y, sobre todo, a los propios alumnos.

ANPE-Madrid exige un cambio sustancial en el espíritu y la letra de este proyecto, en pro de la mejora del clima de convivencia en los centros educativos y de la erradicación de lacras como el acoso escolar o cualquier otra forma de violencia. Instamos a la Consejería a tramitar un asunto tan delicado con un calendario más amplio y contando con la participación de los representantes mayoritarios del profesorado de la enseñanza pública.