Paradojas de la LOMCE, una ley sin consenso
Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid
La aprobación de la LOMCE, que supone una modificación limitada de la LOE tras un largo y controvertido proceso de aprobación, no cumplirá el objetivo para el cual se ha diseñado, dado que no solucionará los problemas de la educación española, al nacer sin el menor consenso político ni del mundo educativo, imprescindibles para su aplicación, y que ha sido hecha de espaldas al profesorado. Una ocasión perdida para reformar en profundidad el sistema educativo español.
El nulo interés de las autoridades por prestigiar la labor docente nos conduce hacia una paulatina desprofesionalización |
Se queda escasa en destacados aspectos que producirán el efecto contrario al deseado. En vez de una mayor vertebración del sistema educativo se dará una mayor dispersión. No garantiza la libertad de elección de la lengua vehicular del aprendizaje, pues la enseñanza en castellano en todo el territorio nacional se quedará en una mera declaración retórica al renunciar la ley educativa a garantizar ese derecho en la educación pública. Y lo que es más preocupante, no se priorizan el desarrollo y la mejora de la red pública como columna vertebral del sistema.
En otras cuestiones, so pretexto de mejorar la calidad, va más allá de lo razonable. Así, la mayor autonomía de los centros, sin que vaya acompañada de mayores recursos, colisiona con el escaso papel que se reconoce a los docentes, prácticamente excluidos de las decisiones técnico-profesionales y de la elección del director; las excesivas atribuciones que se conceden a los equipos directivos, denominadas "refuerzo de su capacidad de gestión"; la disminución de las competencias de los claustros y consejos escolares; el excesivo peso de la Administración en la elección de los directores de los centros públicos; la cesión de suelo público para la construcción de centros privados o privados concertados; que los profesores de la enseñanza privada puedan corregir las pruebas externas. Estas son algunas de las cuestiones que suscitan el descontento de los profesionales docentes de la enseñanza pública, que la perciben con recelo y lejanía. Poco se está haciendo a nivel del Estado ni de la Comunidad de Madrid por tener el apoyo de la profesión educativa que, a juicio de Andreas Schleicher –director de PISA–, es mucho más importante que simplemente buscar un consenso político.
Recientemente un titular de prensa reflejaba que el ministro Wert reclamaba la “complicidad” de los profesores para aplicar la reforma. En realidad se refirió a “la complicidad de la comunidad educativa”. Es una lástima que no haya sido capaz de dirigirse expresamente al profesorado para reclamar su apoyo e implicación. No. Se dirige a la comunidad educativa, si bien, a renglón seguido, alude a un obvio papel de coach de los docentes. Unos docentes a los que la LOMCE priva de su autonomía y libertad de cátedra, que fueron ignorados premeditadamente durante su fase de elaboración y de aprobación, así como sus organizaciones representativas.
Estos son los síntomas de un hecho más grave que no se puede soslayar: el nulo interés de las autoridades actuales por prestigiar la labor docente, que nos conduce hacia una paulatina desprofesionalización. Esto nos convertirá, en un plazo no muy extenso, en mano de obra docente, meros ejecutores de las prescripciones de un rígido sistema educativo.
El modelo que ha presidido esta reforma no ha tenido en cuenta ni la tradición educativa española ni el papel de la enseñanza pública en España ni de su profesorado. Quienes han desarrollado la LOMCE han mirando al modelo anglosajón en sus aspectos más controvertidos, que poco tienen que ver con el español, cuyo tufillo impregna a la LOMCE, que evidencia una concepción demasiado economicista de la educación –la educación en función de la demanda del mercado de trabajo, la educación como producto–, y una gestión educativa basada en la competitividad y en los resultados. También una visión de la gestión de los recursos humanos que abre la posibilidad de contratar profesores extranjeros al margen de los mecanismos actualmente vigentes y que otorga excesivas atribuciones a los directores, en una cuestión tan sensible en la función pública como es determinar la continuidad del profesorado en los centros docentes públicos.
Mientras no comience un proceso de reversión de los recortes educativos, esta ley no contará con el apoyo ni la implicación del profesorado |
Durante la tramitación de la LOMCE, se ha ejecutado una serie de recortes inaceptables que afectan a la calidad educativa y es preciso revertir urgentemente, en paralelo al desarrollo normativo de esta ley: descenso de las plantillas de los centros en decenas de miles de profesores, aumento de ratios, cobertura tardía de las sustituciones, descuentos por bajas médicas, disminución y congelación de los sueldos y un largo etcétera. En contradicción con el deseo de mantener la estabilidad de los equipos docentes que anuncia esta ley, una tasa de reposición de efectivos tan exigua, situada en el 10 %, está provocando la precarización del empleo docente en la educación pública y que se vaya formando una bolsa de empleo inestable de profesorado interino, cada vez con mayor rotatividad, debido a la normativa de regulación de listas que se ha promulgado en algunas comunidades autónomas este curso. La más nefasta es la aprobada unilateralmente en la Comunidad de Madrid, recurrida por ANPE en los tribunales. Mientras no comience un proceso de reversión de los recortes educativos, esta ley no contará con el apoyo ni la implicación del profesorado, elemento clave de cualquier reforma, cuya ausencia augura su fracaso a medio plazo.