Nuevo curso, nueva legislatura, nuevos vientos

Nuevo curso, nueva legislatura, nuevos vientos

Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid

El curso 2015-2016 se inicia con una nueva legislatura en la que el Gobierno Regional se encuentra en minoría, a expensas del catálogo de compromisos exigidos por un partido emergente, Ciudadanos, que al apoyar la investidura de la actual presidenta le permite gobernar.

En una coyuntura sin mayorías absolutas, se impone en los nuevos gestores madrileños una forma de hacer política y de abordar los temas educativos y del profesorado diametralmente opuesta a la de la etapa anterior y cuyos primeros síntomas ya se evidencian.

El nuevo consejero ha manifestado en repetidas ocasiones que “no entiende la gestión de la educación sin escuchar a los sindicatos educativos”. Una declaración de intenciones y una toma de posición esperanzadora que genera interesantes expectativas para los docentes madrileños y que, desde ANPE, valoramos positivamente. Esperemos que el diálogo y la negociación sean también elementos inherentes a la gestión educativa del nuevo titular y se plasmen en acuerdos beneficiosos para el profesorado en los próximos meses que puedan confirmar, por la vía de los hechos, las buenas impresiones de este inicio de curso. 

El pasado día 11 de septiembre fue convocada la primera Mesa Sectorial del curso, en la que se acordó la celebración de reuniones mensuales de este órgano de negociación, precedidas de mesas técnicas preparatorias donde, además, puedan abordarse aspectos concretos que afecten al profesorado. En dicha reunión, la viceconsejera de Educación manifestaba el compromiso y el objetivo de la Consejería de tener cerrada la negociación de un nuevo Acuerdo Sectorial antes de finalizar el curso, además de tratar otros asuntos en paralelo.

Son muchos los temas a abordar en esas mesas después de la inacción de la etapa anterior. Hay que negociar, con un horizonte temporal, la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado y los derechos económicos y retributivos, ahora que parece vislumbrarse una cierta recuperación económica; una nueva regulación de acceso a las listas de interinos, donde se equilibre la nota obtenida en la oposición con la experiencia y la formación, y las condiciones de contratación de este colectivo; la formación continua del profesorado; el incremento significativo del número de docentes en la enseñanza pública mediante amplias ofertas de empleo público en el sector educativo —una vez anunciado que la tasa de reposición de efectivos (que debiera eliminarse) se sitúa en el 100 %, para recuperar el número de profesores suprimidos desde 2010, sustituyendo la precariedad por la estabilidad, a la vez que reduciendo el porcentaje de profesorado interino, cercano al 20 %; la participación en la planificación educativa: plantillas, cupos, supresión y creación de unidades; la recuperación del horario lectivo de 18 horas para el profesorado de Enseñanza Secundaria; medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar y su armonización con otras comunidades autónomas, y pago de oficio de los trienios y sexenios de profesores en prácticas, interinos y laborales, tal como lo han prescrito numerosas sentencias favorables. 

No conocemos aún cuántas plazas se incluirán en la oferta pública de empleo docente ni en qué cuerpos van a convocarse oposiciones para el próximo curso ni si se va a recuperar la alternancia entre cuerpos. Es urgente clarificar estas cuestiones a la mayor brevedad para despejar la incertidumbre de los opositores, que deben conocer cuál es el horizonte de su esfuerzo.

Es preciso conocer cómo va a aplicarse en nuestra Comunidad el anuncio del ministro de Educación sobre la cobertura inmediata o con la mayor rapidez de las bajas del profesorado en algunos casos, y la disminución de ratios, una vez superada la tasa de reposición de efectivos del 50 %, que daba cobertura legal al aumento decretado en 2012.

En el plano educativo, la Consejería de Educación también ha manifestado —no sin cierta sorpresa para nosotros—, su voluntad de abrir debates diversos sobre todas aquellas cuestiones educativas que sean de interés o propuestas por los diferentes actores educativos, organizando para ello cuantos foros o encuentros apoyados por expertos sean necesarios.

Como muestra, la reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, el pasado 22 de septiembre, que no se reunía desde 2007, donde la Consejería, por medio de su viceconsejera de Educación, invitó a los participantes a abrir y participar con el alcance que fuese preciso en el debate sobre la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid. Expuso a los asistentes la actitud abierta y la disposición de incorporar nuevos elementos que mejoren la actual normativa y, llegado el caso, incluso de promulgar una ley de convivencia. Más que un guiño, una concesión explícita a las pretensiones de aquellas organizaciones y sectores que promovieron en 2007 una iniciativa legislativa popular, rechazada en la Asamblea de Madrid, en la que reclamaban la derogación del Decreto 15/2007, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes madrileños, y el desarrollo de una ley integral para la convivencia. 

Ahora parece que estas organizaciones van a tener otra ocasión para alcanzar sus objetivos. Una toma de posición tan conciliadora y aperturista de la Administración muestra un claro movimiento pendular de la política educativa en relación a la legislatura pasada que debiera matizarse en alguna medida, ya que la convivencia escolar y otros aspectos de la educación madrileña funcionan razonablemente y no son cuestionados por el profesorado en su conjunto ni por los equipos directivos, que cuentan con herramientas legales, como el propio Decreto y la Ley de Autoridad del Profesor, así como protocolos de actuación elaborados por la Consejería, para hacer frente a las situaciones de violencia entre iguales y contra el profesorado. 

Los debates sobre las cuestiones educativas resultan provechosos e interesantes si se articulan convenientemente y tienen como finalidad mejorar lo existente. En cambio, si se suscitan y promueven para apaciguar a algunas organizaciones y garantizar así la calma del sector y la estabilidad política, resultarán contraproducentes y estériles, pues no servirán para mejorar la educación y, en un contexto político tan imprevisible e incierto como el actual, podrían ser demasiado evidentes las renuncias y concesiones de sus promotores y tener efectos imprevistos o indeseados, pudiendo ser peor el remedio que la enfermedad.

No puede obviarse la preocupante situación a nivel nacional por el incierto resultado de las elecciones generales y por la tensión que supone para la sociedad el desafío secesionista, incertidumbre que se cierne sobre el futuro de la LOMCE y su desarrollo, al estar sentenciada por algunos partidos que le han puesto fecha de caducidad si consiguen gobernar.

Lamentablemente, en este país, las posiciones que se mantienen en algunos debates educativos de fondo, que afectan al concepto, al cómo y al para qué de la educación, permanecen inalteradas desde hace décadas sin posibilidad de llegar a puntos de encuentro. Siguen repitiéndose los mismos argumentos, invariables a lo largo del tiempo e impregnados de ideología, que hacen inútil el esfuerzo de contraponer razonamientos basados en el sentido común y en las evidencias sobre el nivel de nuestros estudiantes y las características de los modelos educativos de éxito en otros países. 

Esperemos que el anuncio de abrir tan amplios debates no sea un elemento distractor de la negociación de las cuestiones profesionales más urgentes y de cuándo se van recuperar las condiciones laborales y económicas pérdidas por ese elemento clave del sistema educativo que es el profesorado.

Por otra parte, es importante que el Gobierno Regional presente cuanto antes las líneas básicas y un plan para fraguar en la Comunidad de Madrid un Pacto por la Educación, para la mejora las condiciones y la calidad de la educación madrileña, en el que deben participar el profesorado y sus representantes, la Administración y el resto de agentes educativos. Para que ese pacto anunciado por la presidenta regional pueda ser creíble y eficaz no son suficientes debates más o menos justificados, sino que debe concitarse en un escenario previo donde se haya revertido gran parte de los recortes de los últimos cuatro años y se haya decidido un aumento significativo de la inversión educativa, asunto clave en los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid.