Libertad de enseñanza y planificación educativa
Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid
Dentro de unos días comenzará el proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid. Es un momento clave para las familias que deben decidir dónde van a educar a sus hijos en los años venideros. Una elección trascendental que, en buena medida, condicionará su desarrollo personal y profesional futuro.
La libertad de elección del centro educativo está reconocida en la Constitución, que establece el derecho a la educación de todos los españoles que garantizan los poderes públicos, por un lado, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y, por otro, mediante la creación de centros docentes (artículo 27.5), así como la libertad de enseñanza (artículo 27.1).
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La participación de los sectores educativos en la programación general educativa madrileña es meramente testimonial y anecdótica, por no decir inexistente |
La libertad de enseñanza debe entenderse, en sentido amplio, como un concepto que abarca todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación y que se materializa básicamente en la libertad de creación de centros con ideario propio (artículo 27.6) y en la libertad de los padres de elegir para sus hijos centros docentes públicos o privados.
La educación es un servicio público prioritario, ya que constituye un derecho fundamental de los ciudadanos y son las administraciones públicas quienes lo garantizan con una planificación adecuada, prestándolo directamente a través de la red de centros de titularidad pública o financiando la enseñanza privada, de tal forma que las enseñanzas obligatorias sean gratuitas para los ciudadanos.
La LODE determina que los sectores interesados participarán en la programación general de la enseñanza, que contendrá los puestos escolares de nueva creación en los niveles gratuitos y que deberá tener en cuenta, en todo caso, la oferta existente de centros públicos y concertados. Esta participación se hace efectiva a través de los Consejos Escolares. En la Comunidad de Madrid, la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar recogía el alcance de la competencia de este órgano en la programación general de la enseñanza prestando especial atención a la planificación específica de la creación de nuevos puestos escolares que afecten al ejercicio efectivo del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, pero fue modificada en 2010 en sentido más restrictivo y difuso, estableciendo que el Consejo debe ser consultado preceptivamente sobre las bases y criterios para la programación general de la enseñanza. También mantiene la competencia de ser consultado sobre los criterios generales para la financiación del sistema educativo en la Comunidad de Madrid.
En 2013, en base a una supuesta mayor demanda de la sociedad madrileña, se promulgó en nuestra comunidad un decreto cuya finalidad, según su preámbulo, es hacer mayor y más efectiva la libertad de elección de centro escolar, eliminando las zonas de escolarización y dejando configurada una zona única educativa, pudiendo ejercerse el derecho a la elección de centro sostenido con fondos públicos en toda la comunidad. Esta norma determina que corresponde a la Consejería de Educación garantizar la efectividad del derecho a la libre elección de centro educativo, mediante una programación anual que asegure la existencia de una oferta suficiente y plural de plazas escolares en centros sostenidos con fondos públicos.
Llegados a este punto, cabe precisar que la participación de los sectores educativos en la programación general educativa madrileña es meramente testimonial y anecdótica, por no decir inexistente, limitándose los diferentes sectores representados en el Consejo Escolar a dictaminar anualmente, en el seno de su Comisión Permanente, el decreto que modifica, suprime o fusiona unidades escolares, sin que exista un procedimiento específico previo para conocer las bases y los criterios para la programación general de la enseñanza, ni los criterios generales para la financiación del sistema educativo, ni los datos que sustentan la programación de puestos escolares sostenidos con fondos públicos para el siguiente curso.
Buena parte de las medidas educativas adoptadas en Madrid en los últimos años lo han sido en detrimento y perjuicio de la enseñanza pública, precarizando las condiciones sociolaborales de los docentes, disminuyendo las plantillas de los centros escolares públicos, incrementando las ratios, no cubriendo las bajas por enfermedad hasta el décimo día, suprimiendo plazas escolares públicas de la oferta educativa y extendiendo sobre ella y su profesorado la sombra de la duda. Unas medidas que, lejos de prestigiar la educación pública, la devalúan.
Cuando los actuales administradores de la educación madrileña cuestionan la necesidad de incrementar la red de centros de titularidad pública, es necesario transmitir a la sociedad que la enseñanza pública es la única que garantiza realmente la igualdad de oportunidades y la neutralidad a todos los alumnos, al facilitar una educación de calidad, libre de adoctrinamientos, y es un pilar esencial de nuestra sociedad, porque llega a todos los rincones del país –allí donde no lo hace la privada concertada, por no ser rentable–, porque tiene oferta educativa en todas las enseñanzas y atiende a un alumnado heterogéneo y con mayores dificultades.
ANPE-Madrid quiere poner de manifiesto el papel crucial que desempeñan en nuestra sociedad los centros públicos y su profesorado, altamente cualificado, que ha accedido a la función docente mediante procesos selectivos públicos, una garantía objetiva de aptitud para el desempeño de la labor educativa, y realiza un trabajo encomiable, no reconocido por la tecnocracia educativa. Por ello, hace dos meses que lanzamos la campaña de comunicación Matricula a tus hijos en la enseñanza pública, dirigida a las familias, al profesorado y a los equipos directivos, con el objetivo de incrementar el número de alumnos que cursan estudios en la red de centros de titularidad pública.
Tras la promulgación de la LOMCE, donde la enseñanza pública no ha alcanzado el reconocimiento que debiera, ANPE seguirá exigiendo que esta tenga el protagonismo que le corresponde y sea la columna vertebral de la educación española y madrileña, y que se acometan las inversiones necesarias para dotarla de los recursos imprescindibles para seguir ofreciendo al alumnado una educación de calidad.
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Buena parte de las medidas educativas adoptadas en Madrid en los últimos años lo han sido en detrimento y perjuicio de la enseñanza pública |
Nos preocupa que en la Comunidad de Madrid, año tras año, antes de iniciarse el periodo de admisión de alumnos se eliminen de la oferta educativa unidades escolares en centros públicos sin esperar a conocer la demanda, y que se supriman enseñanzas en centros de titularidad pública. Menos aún cuando sigue creciendo la financiación de unidades en los centros concertados, que de paso se benefician recogiendo parte del alumnado excedente de la reordenación de la red pública de centros.
La libertad de creación de centros y la de elección no pueden justificar que se detraigan recursos y se amorticen plazas en la red de titularidad pública mientras se aumentan los conciertos. Que la iniciativa privada se acoja a la financiación pública para realizar la actividad educativa bajo un ideario establecido libremente, sujeto a la ley y con criterios de rentabilidad, no puede convertirse en una fórmula generalizada. Los conciertos educativos son un mecanismo subsidiario de la iniciativa y responsabilidad del Estado en la prestación del servicio público educativo. Un punto de vista radicalmente opuesto a la subsidiariedad que defienden los gobernantes madrileños, para quienes la prestación directa de los servicios públicos servidos por funcionarios, especialmente educación y sanidad, debería ser mínima y en todo caso subsidiaria de las iniciativas privadas.
Este debate sorprendentemente vuelve a la palestra después de treinta años y con mayor virulencia en Madrid, donde unas políticas que intentan minimizar el papel de las administraciones en la regulación de las relaciones con los individuos y en la prestación de los servicios públicos resultan cada vez más distantes de los intereses de los ciudadanos y van en un sentido que no compartimos.
