Educación madrileña: urge un cambio de tendencia
Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid
Un nuevo curso termina en la Comunidad de Madrid cuando entramos en la recta final de la legislatura, pero la situación educativa no mejora. La falta de un mínimo contenido negociador en la Mesa Sectorial –reducida a un papel testimonial–, de transparencia y de información sobre los temas educativos a los representantes del profesorado siguen siendo la tónica dominante y evidencian que los actuales gobernantes madrileños son incapaces de tender puentes con los interlocutores sociales de la educación y de propiciar puntos de encuentro que faciliten acuerdos y el imprescindible consenso.
La Administración se ha enrocado en una actitud antisindical y en la toma de decisiones unilaterales, con un talante que genera crispación y una forma de conducir la educación que no puede continuar. El debate, necesario y constructivo, sobre los temas educativos no existe, ni en el Consejo Escolar ni en la Mesa Sectorial. La Consejería de Educación ha encontrado en los titulares de prensa el medio para anunciar las medidas educativas y para provocar una suerte de debate demagógico en los medios de comunicación en busca del aplauso fácil, aun a costa de desprestigiar a los docentes y de cuestionar su profesionalidad.
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La Administración se ha enrocado en una actitud antisindical y en la toma de decisiones unilaterales
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El curso que termina, a un año escaso de las elecciones autonómicas, ha dejado patente la falta de interés del Gobierno Regional por la Enseñanza Pública, más allá de proyectos estrella como el bilingüismo o el bachillerato de excelencia, que sirven para maquillar el paulatino desmantelamiento de la escuela pública, en la que año tras año se amortizan y suprimen unidades escolares cuando, por contra, el alumnado va en aumento.
La falta de inversión; la disminución de las plantillas; la reducción de otros programas básicos; la apuesta por un modelo que no considera a la enseñanza pública el pilar fundamental del sistema educativo; el cierre paulatino de unidades de la red pública desde hace varios años, sin que disminuyan los conciertos; la idea recurrente de que el servicio educativo no debe ser prestado necesariamente por la Administración ni por funcionarios, sino que puede transferirse a la iniciativa privada, con tal de que el ciudadano esté satisfecho, nos llevan a concluir que tanto el Gobierno Regional como la Consejería de Educación tienen el objetivo de avanzar hacia la privatización de la prestación del servicio educativo, de igual modo que se intentó, sin éxito, con la sanidad madrileña.
La desconsideración hacia los docentes madrileños, por decirlo suavemente, ha evidenciado el verdadero talante y los tics de quienes dirigen la educación madrileña. No dudaron en calificarnos de vagos, privilegiados e ignorantes, señalándonos como responsables de las deficiencias del sistema educativo, pero cuando se conocieron los buenos resultados del informe PISA los gobernantes madrileños se atribuyeron el mérito para sí, ninguneando al profesorado, al que no reconocieron papel relevante alguno en ese ranking.
Defienden un concepto añejo y simplista de la educación reducido a algunos tópicos, cuando la forma de vida y las sociedades evolucionan y son cada vez más complejas. Lejos de reforzar los atributos profesionales de los docentes, se reducen sus competencias buscando un tipo de profesor que sea un mero ejecutor de directrices metodológicas y curriculares. Unas concepciones que están alejadas de la realidad social y de la tradición educativa española de los últimos treinta y cinco años, que se perciben extemporáneas y ajenas al sentir mayoritario del profesorado y de la comunidad educativa.
Para el curso que viene se está preparando un decreto, como desarrollo de la adicional trigésima séptima de la LOMCE, que facultará a la Consejería de Educación para contratar, al margen de la oposición y de las listas de interinos, y sin exigirles el conocimiento del castellano, profesores eufemísticamente llamados “expertos en lenguas”, que en realidad serán profesores nativos. Esta posibilidad excepcional que contempla la LOMCE cuando no haya suficiente profesorado habilitado es un asunto muy peliagudo, ya que se llevará a cabo sin haberse dado a conocer, en el marco de la programación general de la enseñanza –en la que los representantes del profesorado tenemos derecho a participar–, cuáles son los datos que avalan la supuesta excepcionalidad de esta medida.
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Es necesario un cambio de actitud y talante de las autoridades educativas, tras el aviso que suponen las Elecciones Europeas |
La contratación de profesorado nativo al margen de los mecanismos vigentes para el profesorado nacional y sin un nivel suficiente de castellano sienta un precedente muy grave para la enseñanza pública, que ya cuenta con un porcentaje cercano al 30 % de interinos en el sistema, y al que ahora se podrán incorporar nuevos profesores con un estatus laboral diferente, pero con las mismas funciones docentes. Esto supone traspasar una línea roja y un ataque al modelo funcionarial de la educación pública al que nos opondremos con todos los medios.
Urge una evaluación del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid, donde parece que se ha alcanzado un punto crítico en su desarrollo, pues requiere cada vez mayor financiación, que se detrae de otros programas imprescindibles, y no cuenta con profesorado suficiente que cumpla los altos estándares de cualificación lingüística exigidos en Madrid. Tampoco hay dinero para invertir en el perfeccionamiento y la formación continua de los docentes. El sistema de habilitación del profesorado del programa bilingüe es diferente al de otras comunidades. Tiene un mayor nivel de exigencia y no es un sistema abierto a todos los futuros profesores, sino limitado a funcionarios, interinos, contratados en centros concertados o a quienes tengan un compromiso de contrato para el próximo curso en esta red. Esto supone un cuello de botella importante para la captación y dotación de profesores para las enseñanzas bilingües en Madrid, al impedir la incorporación de potenciales docentes con un alto nivel de inglés, que podrían ser aptos para la docencia en este programa emblemático. Es necesario ir a un sistema nacional de habilitación lingüística, que facilite la movilidad del profesorado y la vertebración de las enseñanzas bilingües.
Tampoco el profesorado ha sido consultado a la hora de diseñar el desarrollo del currículo de Educación Primaria que tendrá que aplicar a partir del curso que viene, presentando en el Consejo Escolar un borrador de Decreto confuso, con errores conceptuales, mal redactado y donde algunos contenidos y enfoques no se ajustan a una concepción moderna de las disciplinas ni al nivel psicoevolutivo de los alumnos de Primaria.
Urge un cambio de tendencia con la reversión de los recortes, la devolución de oficio de la parte proporcional de la paga extra confiscada en 2012 y, especialmente, la cobertura de las bajas por enfermedad que no se realizan hasta el décimo día lectivo, algo que ocasiona graves problemas en los centros. Es necesario un cambio de actitud y talante de las autoridades educativas, tras el aviso que suponen las Elecciones Europeas del pasado día 24 de mayo, que pueden ser el preludio de un fin de ciclo en la educación madrileña.
