Educación madrileña: incertidumbre y descontento

Educación madrileña: incertidumbre y descontento

Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid

Un nuevo curso ha comenzado en Madrid a golpe de titulares de prensa por las declaraciones del presidente regional, que ha fustigado nuevamente al colectivo docente, al anunciar en el Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, como principal objetivo para la educación madrileña, la mejora de los planes de estudios de los futuros maestros, tras los malos resultados del examen de conocimientos en las oposiciones de este año, apuntando como causa principal de los males educativos la deficiente cualificación profesional de los maestros. Algo que vuelve a tensionar al profesorado, que presencia atónito cómo las máximas autoridades madrileñas persisten en la línea de descrédito que ha caracterizado la gestión de la educación en nuestra comunidad en esta legislatura. Quienes llevamos más tiempo en la docencia estamos anonadados, y solo encontramos explicación a este proceder en el afán de ocultar las graves deficiencias de un inicio de curso con más alumnos y menos profesores en la enseñanza pública madrileña.

Un año más, la planificación ha sido muy deficiente, y la ejecución de los nombramientos del profesorado, caótica. En algunas especialidades, las listas de interinos se agotaron los primeros días de curso y fue necesario recurrir a listas extraordinarias conformadas tardíamente, con la opinión en contra de ANPE y otras organizaciones sindicales.

Las numerosas irregularidades y los errores producidos son el síntoma claro de la ineficiencia de una Administración educativa más preocupada por buscar el aplauso fácil en los medios de comunicación que por gestionar debidamente el día a día, con proyección de futuro, y han provocado agravios comparativos serios, la irritación de los afectados y el malestar de los equipos directivos y del colectivo docente, que constatan cómo se resiente la calidad educativa por no contar los centros con plantillas completas hasta bien entrado el mes de septiembre, con el consiguiente perjuicio para el alumnado.

La consejera de Educación debiera depurar responsabilidades y poner los medios para que esta situación no se repita el año próximo.

También un numeroso colectivo de docentes interinos tiene razones fundadas para el descontento, pues tras años de ejercer la docencia en la enseñanza pública se ven ahora sin trabajo, al haber variado la Consejería de Educación madrileña, unilateralmente, el sistema de acceso a las listas correspondientes, excluyendo como mérito la experiencia y la formación. Una nueva regulación hecha de forma irresponsable, que deberá modificarse en el futuro mediante una negociación efectiva y real, hasta alcanzar un Acuerdo de interinos en la Comunidad de Madrid como sucede en otras autonomías, donde es más fácil el entendimiento entre Administración y sindicatos.

El día 14 de septiembre trasladamos por carta a la consejera de Educación nuestra preocupación sobre estas cuestiones y le solicitamos que convocase la Mesa Sectorial, para conocer y analizar la situación de Madrid al comienzo de curso y mitigar el desbarajuste. Por fin, el 4 de octubre fue convocada, pero en un emplazamiento lóbrego e inadecuado para mantener esta reunión en unas condiciones mínimamente dignas. Interpretamos este detalle, que no es baladí, como un nuevo gesto hostil de nuestra consejera hacia el profesorado y sus representantes. Por lo visto, tras vaciar la Mesa Sectorial de cualquier contenido negociador, ahora se añade la degradación formal y además, en su defecto, trasladan el debate educativo a los medios de comunicación, donde los maestros de la enseñanza pública han sido sometidos al escarnio más humillante.

Recientemente se ha aprobado la LOMCE en el Congreso de Diputados sin el apoyo de ningún grupo político, sin consenso, con una memoria económica insuficiente y de espaldas al profesorado. Una ley que no podemos apoyar por quedarse corta en cuanto a la redefinición del modelo educativo, que persiste; en cuanto a la estructura, no se contempla el bachillerato de tres años; y en cuanto a la vertebración del sistema educativo, queda muy debilitada. Contiene aspectos perjudiciales para el profesorado y para la enseñanza pública, como es el excesivo poder que confiere a los directores, la cesión de suelo público para construcción de centros privados y la posibilidad de que profesores no funcionarios corrijan las evaluaciones externas de los alumnos –un guiño a la enseñanza privada–.

La falta de voluntad de negociar un Estatuto docente que ordene y regularice las cuestiones profesionales, así como la desaparición de la jubilación LOE y el enigma de cómo va a quedar el sistema de pensiones de los funcionarios, son elementos de incertidumbre que auguran un futuro incierto a la educación española y a los docentes.

Iniciamos un nuevo curso en la Comunidad de Madrid con pesimismo, pues no se alcanza a ver el final de una crisis económica que ha servido y sirve para justificar numerosos recortes sobre las condiciones sociolaborales de los profesores y las partidas destinadas a la educación pública.

Aunque desgraciadamente constatamos que la educación pública no es una prioridad para las autoridades madrileñas, como tampoco lo es su profesorado, seguiremos reclamando a la Administración diálogo y negociación, mayor ponderación en las decisiones que afectan a la educación pública, sensibilidad y reconocimiento de la labor docente, que en los centros públicos se realiza con total entrega y absoluta profesionalidad, y que a diferencia de los políticos la ciudadanía sí valora y reconoce.

Van a cumplirse 35 años de la existencia de ANPE como fuerza sindical exclusivamente de profesores de la enseñanza pública. Son tiempos difíciles para los sindicatos, los servicios públicos, la educación, los funcionarios docentes, los interinos, y para nuestra juventud, que emigra porque este país no le ofrece un futuro, ante la pasividad de la clase dirigente; pero nada que no pueda superarse. Confiamos que se fragüen en un futuro no muy lejano consensos básicos sobre los asuntos capitales de nuestro modelo de Estado y de convivencia, como es la educación. Son necesarios los acuerdos y el entendimiento, si queremos sacar a la educación del atolladero en que se encuentra, y que las organizaciones sindicales y profesionales recuperen el papel de interlocución que el ordenamiento jurídico y la sociedad les reconocen.