Ante la politización de la educación, sentido común

Editorial

Ante la politización de la educación, sentido común

La polémica sobre el llamado pin parental y la alternativa propuesta recientemente por la presidenta Díaz Ayuso se han convertido, como si no hubiese otros temas más importantes para la mejora de la educación pública, en el centro del debate político y educativo en la Comunidad de Madrid. 

La postura de ANPE es clara: rechazamos el pin parental, principalmente porque no es necesario. Cuando los padres matriculan a sus hijos en un centro público conocen –o al menos pueden conocer, ya que son documentos públicos– el Proyecto Educativo del centro y la Programación General Anual, que incluye las programaciones didácticas de las distintas áreas o materias y el programa de actividades extraescolares y complementarias. De hecho, los padres participan en su aprobación a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 

Las actividades complementarias, tan en entredicho y motivo de la polémica, forman parte del currículo, complementan los contenidos y ayudan a alcanzar los objetivos mínimos. Son obligatorias y evaluables, y como parte de la Programación General están sujetas a supervisión por el servicio de Inspección Educativa.

Pero además, el pin parental va en contra de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, supone una injerencia en la labor docente y atenta contra la libertad de cátedra reconocida por la Constitución.

Por otra parte, es difícil entender qué aporta de novedoso la propuesta de la presidenta regional, recogida como gran noticia en todos los medios de comunicación, como alternativa al veto parental.

Previamente al inicio del proceso de admisión de alumnos para el próximo curso, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán hacer públicos a través de su página web: el Proyecto Educativo del centro; el Reglamento de Régimen Interior y las normas de convivencia; y los programas educativos, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, señalando las que tengan carácter habitual, los recursos y los servicios complementarios del centro, que figuren en la Programación General Anual del curso actual, así como la información relativa a las actividades que conste en la memoria del curso anterior.

Estas instrucciones vienen recogidas en una Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, que modifica la Resolución publicada el 18 de diciembre de 2019, por la que se dictan instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de alumnos para el curso 2020-2021. 

Nada nuevo, puesto que esto ya se hace en los centros, pero todo a su debido momento. El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el próximo curso se inicia el 15 de abril, fecha en que las familias podrán conocer las programaciones del curso actual, 2019-2020, pero no las del siguiente. Estas se elaborarán y aprobarán en septiembre de 2020, teniendo en consideración las propuestas recogidas en la memoria que se elabore a finales del mes de junio. 

De momento, tendremos que esperar para ver cómo se concretan estas medidas, qué incidencia tienen en la actividad de los centros y de qué forma pueden afectar a la ya excesiva carga burocrática de los docentes.

Lamentablemente y una vez más, tras esta polémica transciende, por un lado, la desconfianza de un reducido sector de padres hacia el profesorado. Padres que socavan la autoridad del profesor, ponen en duda su profesionalidad y buen hacer, y pretenden entrometerse en su labor docente.

Y por otro, la politización de la educación. Llevar la confrontación política a la educación, a las mismas puertas de los centros, no ayuda a resolver los problemas; es más, los aviva y causa un daño irreparable al ya castigado sistema educativo.

Es imperioso alejar la política de la educación, confiar en el profesorado y dejarle hacer su trabajo. En definitiva, más sentido común.