Acuerdo Educativo Madrileño y Acuerdo Sectorial

Acuerdo Educativo Madrileño y Acuerdo Sectorial 

Recientemente hemos tenido acceso al segundo borrador del Acuerdo por la Educación Madrileña, denominado inicialmente Acuerdo por la Trans­for­ma­ción Educativa Madrileña.

Este nuevo documento, bastante más aligerado que el anterior, constituye un catálogo de objetivos y actuaciones que bien podrían ser las líneas programáticas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para los próximos cuatro años. Muchos de ellos, por obvios, no requerirían más que la voluntad del Ejecutivo para llevarlos a cabo y no precisarían de la formalidad de un Acuerdo solemnizado con firmas.

No se mencionan en él los principales problemas de la educación madrileña y, por tanto, no se proponen actuaciones ni objetivos al respecto. Se omite la referencia a las elevadas ratios por grupo existentes, la alta ratio profesor-alumno (la más alta de España), la reducción de las plantillas desde el año 2010 en los centros públicos de enseñanza, el aumento del horario lectivo del profesorado en Secundaria, la desmesurada tasa de interinos (un 23 % de la plantilla), la no cobertura de las bajas hasta el décimo día lectivo, los descuentos durante los primeros veinte días de baja por enfermedad, las condiciones retributivas de los docentes, que los sitúan en los últimos lugares en relación a otras autonomías, entre otras cuestiones que constituyen los problemas nucleares de la educación madrileña y debieran ser la prioridad de cualquier acuerdo social y educativo.

Algunas de las 82 actuaciones que contiene son insuficientes o meramente testimoniales; en cambio se constata que faltan las de mayor calado, dirigidas básicamente a revertir los recortes sobre la educación pública y recuperar las condiciones laborales de los docentes perdidas en los últimos años. Estas medidas y el consiguiente esfuerzo presupuestario que requieren, intencionadamente ausentes en el documento entregado, supondrían un fuerte impacto sobre la educación y harían que el Acuerdo por la Educación Madrileña tuviese pleno sentido. No siendo así, se convierte en una ocasión perdida donde el Gobierno regional, los grupos políticos y los agentes sociales podrían mostrar de forma creíble a la sociedad que la educación y el profesorado constituyen una auténtica prioridad.

De forma directa e indirecta, en buena parte de ellas se señalan obligaciones, cometidos, pautas de actuación y condicionantes del quehacer profesional de los docentes. En cambio, se definen actuaciones sobre evaluación del profesorado y de los centros educativos que suscitan nuestro recelo y rechazo, porque no sabemos cuándo, para qué, por quién y cómo se van a desarrollar esas evaluaciones aparentemente no ligadas a la carrera docente ni a incentivos profesionales.

No existe un capítulo en el documento específicamente dedicado al profesorado, que queda diluido en un Eje denominado “Formación, buenas prácticas y reconocimiento de la labor docente”, y por tanto tampoco hay ninguna actuación para reforzar su papel y autoridad.

 La alusión a la Mesa Sectorial es meramente testimonial y se circunscribe textualmente, en la actuación 19, a “promover en el ámbito de la Mesa Sectorial, medidas que permitan mejorar las condiciones laborales”. No se menciona su papel en la interlocución con la Adminis­tra­ción ni en el plano educativo, técnico y profesional, en atención al papel protagónico que juega el profesorado en el proceso educativo. Por contra, en el Eje uno, “Participación y Diálogo de la Comunidad Educativa”, se hace referencia al Consejo Escolar, a la participación de las familias, los equipos directivos y los estudiantes, pero nada se dice de la participación del profesorado en las cuestiones educativas.

Respecto al Observatorio por la Convivencia de la Comunidad de Madrid, al que se alude en la actuación 61, habla por sí solo el hecho de que, entre sus veinte miembros, solamente haya un representante del profesorado designado por el presidente del Consejo Escolar en representación de los más de noventa mil docentes de la Comunidad de Madrid. En cuanto a los tiempos, tareas y calendario escolar se ha cedido a la tentación de establecer “una comisión de expertos que elabore un documento de recomendaciones y buenas prácticas en relación a las tareas escolares, tanto para la Primaria como para la Secundaria en 2017”. Este asunto debería quedar al margen de un pacto educativo, pues constituye una injerencia en el ámbito profesional y de la autonomía de los centros y evidencia una desconfianza dañina en el quehacer docente que constituye el más grave obstáculo para configurar un sistema educativo de calidad. Sin confianza en los docentes, no habrá una mejora de la educación y del rendimiento de los alumnos. 

Se pretende adelantar los exámenes extraordinarios de bachillerato y de la ESO de septiembre a junio, para lo que se propone en una de las actuaciones modificar el calendario escolar. Un asunto que requiere valorar rigurosamente los pros y contras y una negociación de las partes implicadas, especialmente de la Mesa Sectorial de Educación.

Echamos en falta en un documento de tanta trascendencia que no se pongan de relieve los aspectos que funcionan en la educación regional. Así se evidencia tras los últimos resultados de los informes PISA y TIMMS, donde tan bien parados salen los escolares madrileños —Madrid se sitúa como una de las comunidades punteras en España, homologable a países como Finlandia, Noruega o Suecia—, gracias a un profesorado al que incomprensiblemente se le pide más y variada formación y que cambie su forma de enseñar.

No se contempla una evaluación integral del sistema educativo madrileño, demandada por ANPE, que constituiría el paso previo y la clave para determinar con certeza, no por aproximación o tanteo, las condiciones de partida de la educación regional y el fundamento de las medidas que deben adoptarse. 

En el mes de noviembre ya manifestamos al consejero de Educación que este tipo de acuerdos debieran estar contextualizados en otros pactos más amplios de carácter nacional, pues corren el riesgo de aparecer como declaraciones de buenas intenciones y propuestas parciales no exentas de polémica y difícilmente asumibles sin una negociación previa en cada uno de sus puntos o actuaciones. 

Los debates sobre cuestiones educativas resultan provechosos e interesantes si se articulan convenientemente y tienen como finalidad mejorar lo existente. En cambio, si se suscitan y promueven para apaciguar y dar protagonismo a algunas organizaciones y garantizar así la calma del sector y la estabilidad política, resultarán contraproducentes y estériles, servirán para otros fines, pero no para mejorar la educación.

El profesorado no necesita elementos distractores. Lo que requiere y necesita es la negociación de un nuevo Acuerdo Sectorial que recoja unas condiciones laborales acordes al nivel socioeconómico y de renta de una comunidad como la de Madrid. Sirva como referencia el reciente acuerdo que se ha firmado en Cataluña, donde para el próximo curso se va a incrementar la plantilla del profesorado de la enseñanza pública en 5500 profesores y al año siguiente en otros 2800, sumando en dos años un total de 8300 efectivos, con el compromiso de reducir el horario lectivo de los profesores de Secundaria a dieciocho horas y el de los maestros de Primaria a veinticuatro. El abismo que separa lo que se plantea para la Comunidad de Madrid y lo que se ha firmado en Cataluña es inasumible, y hace imposible que podamos dirigirnos al profesorado presentando un acuerdo educativo con unas propuestas tan escasas y mínimas en lo que concierne al sector que ahondarán la brecha existente en las condiciones de trabajo de los docentes madrileños comparados con esta y otras comunidades.

Para que el Acuerdo por la Educación Madrileña pueda ser creíble y eficaz, no son suficientes debates más o menos justificados en el seno del Consejo Escolar, sino que debe concitarse un escenario previo, un gran acuerdo regional que sirva para revertir gran parte de los recortes de los últimos años y contemple un aumento significativo de la inversión educativa.

No puede haber Acuerdo Educativo si antes no se materializa un nuevo Acuerdo Sectorial que contemple incentivos profesionales, económicos y mejora en las condiciones laborales de los docentes, que no puede esperar más.

Instamos a los responsables políticos madrileños a realizar una apuesta decidida por el profesorado con medidas efectivas más allá de las palabras gratificantes, que se agradecen, pero que son insuficientes tras estos años de recortes y congelación en las condiciones profesionales y laborales. Que no olviden que son los profesores quienes, gracias a su profesionalidad y entrega, sostienen el sistema educativo madrileño.