Educación sin titulares

Educación sin titulares

Carolina Fernández del Pino Vidal
Vicepresidenta de ANPE-Madrid

No se puede utilizar la educación para salir en los titulares. La educación es demasiado importante para que los partidos políticos se aprovechen de ella.

No hay partido que no haya izado la bandera del “Pacto de Estado para la educación”. Se elevan con pose digna de hombres de Estado con mayor altura moral que sus contrincantes. La utilizan para menospreciar a los demás, queriendo convencernos de que ellos sí quieren negociar y que el problema es que “los otros” carecen de voluntad negociadora, ya que en realidad no les importa la “Educación” y solo quieren imponer su ideología.

Sin embargo, es difícil no dudar de sus intenciones y objetivos finales cuando se observa con qué ligereza y superficialidad se atreven a hablar de distintos aspectos del sistema educativo. Utilizan palabras bonitas o rimbombantes cuando hacen declaraciones de inten­ciones. Tanto políticos como pedagogos-sin alumnos hablan constantemente de una educación inclusiva de calidad y de la educación como herramienta igualadora. Sin embargo, a la hora de legislar, cuando les toca, no tienen ninguna prisa en aplicar medidas que faciliten la consecución de estos objetivos tan loables. 

Hace unos meses vimos cómo, cual elefantes por una cacharrería, sin saber apenas —por no decir que no sabían nada acerca de la labor que se realiza en los centros de educación especial— algunos políticos estaban ya preparados a desterrarlos de la geografía nacional. Vociferaban que eran contrarios a la “inclusión”. Sacaron datos falsos o parciales sobre lo que se hacía en otros países, siempre, claro, mucho más avanzados que el nuestro. Menos mal que tuvieron la prudencia de visitar estos centros y retirar su última “ocurrencia”, al darse de bruces contra la realidad.

El sistema educativo no necesita “grandes ideas”. Requiere que los legisladores, junto con los profesionales de la educación, los profesores, se arremanguen, analicen la situación, establezcan objetivos educativos libres de ideología, estudien las posibilidades y den soluciones a los problemas reales que enfrentan los profesionales en las aulas. El sistema educativo tiene muchas carencias menos mediáticas, pero urgentes.

Un ejemplo ligado a las necesidades educativas especiales y la inclusión es la proporción de alumnos y profesores. El Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, establece que la relación de alumnos por profesor para el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria es de 25, para Secundaria 30, y 35 para Bachillerato.

Hay que tener en cuenta que dentro de un aula de Primaria con 25 alumnos puede haber Alumnos Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) que requieren adaptaciones curriculares no significativas, otros que requieren adaptaciones curriculares significativas, alguno con trastorno grave de conducta, otros que necesiten compensación educativa, alguno con dificultades específicas de aprendizaje como, por ejemplo, dislexia, y otros con altas capacidades.

 El tutor, en coordinación con el equipo de orientación, tiene que hacer frente a estas necesidades y, al mismo tiempo, asegurarse de que todos los alumnos reciben una educación de calidad, para que, tanto los que presentan NEE como los que no, alcancen su mayor potencial y desarrollen al máximo sus capacidades.

No existe legislación que establezca una bajada de ratio en caso de escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.

En algunas aulas hay un número de ACNEAE que permite que todos reciban la atención adecuada, pero sabemos que en otras están escolarizados más de cinco, e incluso más de diez alumnos con estas necesidades. Cualquier maestro, profesor o persona con sentido común podría concluir que es simplemente imposible cumplir con el objetivo de inclusión, y no digamos de calidad, si no se legislan ratios acordes a la realidad de las aulas. 

Es verdad que, cuando a los alumnos se les diagnostican necesidades educativas especiales, intervienen especialistas como los profesores de Audición y Lenguaje y los de Pedagogía Terapéutica. Sin embargo, a fecha de hoy tampoco existe legislación actualizada. La relación de alumnos con necesidades especiales y profesores especia­listas estaba regulada por la Orden de 18 de septiembre de 1990 por la que se establecen las propor­ciones de profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades especiales, pero fue derogada por la Orden EDU/849/2010, que solo es aplicable a territorio MEC (Ceuta y Melilla).

En la Comunidad de Madrid, a falta de legislación por no haber desarrollada la suya propia, se sigue utilizando como norma supletoria esta Orden derogada de los años 90. La realidad educativa y los objetivos que queremos conseguir treinta años más tarde han variado mucho desde entonces. 

¿Es posible que en una clase de 25 alumnos con dos que requieren adaptaciones significativas o no significativas, tres que necesitan la intervención de especialistas y otro con altas capacidades, se les pueda ofrecer una educación de calidad e inclusiva? ¿Y en Secundaria? Hay profesores que ven a 150 alumnos cada semana. ¿Cómo se atiende a todos y cada uno? ¿Hay algún genio con varita mágica para que esto pueda ser posible sin bajar las ratios? ¿Por qué no se oyen voces que clamen por una educación inclusiva de calidad factible?

 Pasar de ideales a realidades requiere aceptar verdades poco útiles para titulares. La Educación no produce “imágenes publicitarias”. Quienes hablan de inclusión “desde fuera” proyectan escenarios idílicos de niños felices en aulas relucientes. En la vida real, los maestros y profesores enfrentan situaciones complicadas que no se solucionan mágicamente con palabras bonitas. ¿O es políticamente incorrecto hablar de la dificultad que supone escolarizar a alumnos con necesidades educativas especiales?

La ratio de alumnos y profesor evidentemente debe descender de acuerdo con el número de ACNEAE, tanto si requieren intervenciones ordinarias como cuando se debe realizar otro tipo de apoyo.

Pero además hay que buscar la forma de agilizar el proceso de diagnóstico, para que las intervenciones educativas se realicen lo antes posible, lo que aumentaría las probabilidades de evitar el fracaso escolar y la frustración en los alumnos. Para esto sería necesario incrementar el número de orientadores y buscar fórmulas que aseguren su continuidad en los equipos.

También debemos abordar la continuidad de estos alumnos en el sistema educativo, para que no lo abandonen antes de haber adquirido los conocimientos y capacidades que les permitirán integrarse en la sociedad con visos de éxito personal, que al fin y al cabo es lo que se busca cuando se habla de una educación igualadora. Para lograrlo, habría que asegurar el apoyo y asesoramiento en Secundaria y Formación Profesional, especialmente en la FP Básica, que se ha convertido en la última parada para algunos alumnos y es donde debemos hacer mayor hincapié.

Existe un exceso de ratio en todas las aulas, pero además hay un vacío legal en cuanto a la reducción de ratios por el número de alumnos con necesidades educativas especiales por clase. Los criterios para esta reducción y para la relación de alumnos por especialista deberían ser no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Tampoco podemos olvidar que la burocracia desbordante que soportan los profesores por cada niño se dispara si estos presentan necesidades educativas especiales, algo que detrae tiempo de otras tareas profesionales. Estas son solo algunas cuestiones que deben abordarse.

La educación inclusiva de calidad requiere muchos recursos, especialmente humanos. Es imprescindible y urgente una legislación que ayude a lograr la consecución de los objetivos marcados. Y mientras los políticos siguen buscando titulares espectaculares para salir en los medios de comunicación, los profesores luchan por cubrir las necesidades de los alumnos para intentar darles una educación inclusiva y de calidad.

Sin titulares, los profesores propician la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, una función que la sociedad ha de valorar.