Esteban Serrano Tamayo
Secretario de Organización
“Ratio” es un vocablo latino, reconocido por la Real Academia Española, que se utiliza como sinónimo de “razón”, en el sentido del cociente de los números o de cantidades comparables. Pues bien, en el ámbito educativo, sus autoridades hace tiempo que abandonaron toda razón para lanzarse a los brazos de un supuesto ahorro donde nunca deberían hacerlo, por su repercusión en la calidad educativa y en las generaciones futuras.
Sin duda, “fue bonito mientras duró”, ya que todo apunta a una vuelta en Madrid a las condiciones anteriores en cuanto a número de alumnos por aula y de profesores por centro. Tuvo que llegar la mayor pandemia que podamos recordar para bajar el número de alumnos por aula, con el consecuente aumento de docentes. Aun así, para hacernos una idea de la situación con respecto a Europa, a pesar de este aumento de profesores y la disminución de la ratio provocada por las tan necesarias medidas de salud y seguridad, España ha continuado por encima de la media de la Unión Europea.
Cada nueva ley orgánica —y llevamos unas cuantas en los últimos años— olvida sentar unas bases que las comunidades autónomas puedan tomar como modelo. Por tanto, estas mantienen el número máximo de alumnos por aula, criterio al que se acoge Madrid y según el cual en la enseñanza obligatoria es de 25 para la Educación Primaria y de 30 para la Educación Secundaria Obligatoria. Cuando se comprueba que el artículo que recoge estas proporciones pertenece al título octavo, que versa sobre los recursos económicos, la desazón es aún mayor. Limitar la inversión en educación y relacionar en la misma ley las ratios con los recursos económicos son factores que van en detrimento de la excelencia educativa que todos deseamos para nuestros alumnos.
Si las proporciones anteriores dificultan notablemente la atención individualizada que precisa el alumnado, la ley permite un incremento de hasta un 10 % del número máximo de alumnos por aula para atender la escolarización del alumnado de incorporación tardía o los traslados de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria. Aunque, no hace mucho, este posible aumento extraordinario fue aún más perjudicial. El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, establecía que mientras tuviéramos una tasa de reposición de efectivos inferior al 50 %, las administraciones educativas podrían ampliar hasta un 20 % el número máximo de alumnos. Ya que Madrid forma los grupos tomando como referencia el máximo establecido por la normativa básica, resulta fundamental, siempre que se escolarice por encima de las ratios máximas, generar un desdoble con un nuevo grupo.
Por otro lado, qué importante hubiera sido aprovechar la modificación que se plantea del art. 87.2 de la LOMLOE, sobre la escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, para fijar por ley que cada uno de estos alumnos computará como mínimo como dos a la hora de calcular la ratio máxima por aula, especialmente cuando Madrid está trabajando en la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa para, entre otros aspectos, regularizar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Nadie duda que uno de los factores que más influyen en la calidad de un sistema educativo es la ratio de alumnos por grupo. A mayor número de alumnos, menos posibilidades tiene el profesorado encargado de ese grupo de proporcionar un tratamiento personalizado y una adecuada atención a la diversidad. Especialmente importantes son los ajustes de las ratios en las primeras etapas para favorecer las estrategias pedagógicas y la atención a las diferencias individuales. Estas medidas permitirán poner especial énfasis en la atención individualizada a los alumnos, la realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para facilitar el éxito educativo. Pero a estas mejoras educativas se suma, dada la incertidumbre que puede rodear el comienzo del próximo curso escolar, la necesidad de garantizar la seguridad y la salud de nuestro alumnado y profesorado mediante la continuación de las ratios y el número de profesores de este curso.
Otra realidad percibida en el presente curso es la falta de espacios en los centros para albergar los nuevos grupos que se han creado. Esta situación deriva de la falta de recursos destinados a infraestructuras en los últimos años en la región madrileña, que es otra de las parcelas donde debe aumentar la inversión educativa.
Continuar con las ratios de este curso y con el aumento del número de profesores en todas las etapas educativas supondrá, sin lugar a dudas, una mejor atención a nuestros alumnos, mayor seguridad para toda la comunidad educativa y la posibilidad de paliar la pérdida de contenidos que la pandemia haya podido provocar.
A mayor número de alumnos, menos posibilidades tiene el profesorado de proporcionar un tratamiento personalizado