Carolina Fernández del Pino Vidal
Vicepresidenta de ANPE-Madrid
En la Comunidad de Madrid el debate sobre la jornada continua se ha centrado en la normativa que regula el cambio de jornada. La Orden 502/2013, de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento a seguir para solicitar el cambio de jornada escolar, raya en lo antidemocrático, por exigir un mínimo de participación que no se aplica ni a los procedimientos más importantes del Estado. Pero este hecho ha desviado la atención de una cuestión subyacente y mucho más grave: la convicción de que los docentes deben hacerse cargo de las necesidades asistenciales de los alumnos y sus familias. Esto quedó claro con la publicación, en mayo del año pasado, del estudio que realizó Esade sobre la jornada continua. Ocupó titulares durante unos días y, por las declaraciones que se hicieron desde distintos sectores de la sociedad, se evidenció no solo el concepto —tan erróneo como difundido— que se tiene de lo que es ser profesor y la naturaleza de nuestra profesión, sino también cuán poco se valora el proceso educativo por sí mismo, independientemente del efecto secundario asistencial que se produce al tener a los alumnos en las aulas. El estudio plantea que, en relación al debate de la jornada continua, deben abordarse tres dimensiones:
Con respecto a los alumnos, en el resumen ejecutivo explican que no existe evidencia rigurosa sobre el efecto de la modalidad de jornada (dadas unas horas lectivas) sobre el rendimiento académico. Señalan a continuación que algunos estudios correlacionales apuntan a que la jornada completa (o partida) está asociada a mejores resultados. Existen otros estudios que indican todo lo contrario, cosa que no mencionan.
Para zanjar el apartado de los alumnos sentencian: Lo que sí existe es evidencia abundante y robusta sobre cómo el tiempo (lectivo y no lectivo) en la escuela supone un impacto positivo en los alumnos en términos académicos y socioemocionales. Y es aquí, con la mención del tiempo no lectivo, donde empezamos a entrever que el problema no es puramente pedagógico sino asistencial, algo que queda meridianamente claro cuando opinan sobre el impacto de la jornada escolar sobre las familias:
En el caso de las familias, la evidencia científica apunta a un factor clave habitualmente ignorado en España (clave para la igualdad de género), pero que la pandemia ha puesto de manifiesto: la escuela tiene también una función de custodia o cuidado fundamental. Cuando la escuela es a tiempo parcial, el empleo de las familias se resiente, pues dificulta que sus jornadas laborales puedan superar las 25 o 28 horas semanales. Estimamos por primera vez y con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) el efecto de la jornada matinal (continua) respecto a la jornada completa sobre el empleo de las familias. Mostramos que la jornada escolar continua tiene un efecto negativo y significativo en los ingresos y el empleo de las familias, especialmente grande para las madres, que son quienes concentran el 66,4 % del impacto, lo cual contribuye a agravar las brechas de género existentes. Esto supone, además, cada año, una pérdida de 8.048 millones de euros de ingresos para las familias.
Los responsables del estudio, no contentos con querer utilizarnos como cuidadores, además pretenden que seamos responsables de corregir la brecha de género y las carencias económicas de las familias.
Desde ANPE-Madrid llevamos años denunciando que los docentes no somos custodios de los alumnos, somos profesionales de la educación. Las necesidades asistenciales que la sociedad debe garantizar se habrán de cubrir con otros profesionales.
Hasta este punto, el informe alude a cuestiones que podrían debatirse y que requieren soluciones, pero, cuando analizamos sus conclusiones en relación a los docentes, cualquier atisbo de rigor científico que se podría atribuir al estudio se evapora por contener insinuaciones poco aceptables sobre las intenciones ocultas del profesorado cuando defienden un tipo de jornada escolar:
Con respecto al profesorado, se trata del colectivo que más se beneficia de una jornada matinal (continua), tanto en términos de bienestar como en posibilidades de conciliación. En la encuesta realizada, este colectivo se muestra mayoritariamente a favor de la jornada matinal (continua); y, paradójicamente, subraya los beneficios para el alumnado y las familias (y no tanto para el profesorado mismo) como las razones principales para justificar dicha modalidad de jornada.
Un estudio que, ya en su primera página, deja entrever este tipo de prejuicios hacia los docentes no puede ser tenido en cuenta, pues quedan en entredicho su independencia y objetividad. Es penoso comprobar que se alinea con algunos sectores de padres, administraciones y políticos que continuamente ponen en tela de juicio la profesionalidad y la entrega de los profesores.
El proceso educativo no tiene entre sus funciones las de custodiar a menores, solventar la brecha de género o solucionar los problemas económicos de las familias.
Lo terrible de este discurso es que resta importancia al valor real de la educación, pilar fundamental de los derechos humanos y del desarrollo de los individuos como miembros independientes y racionales de la sociedad. Es, además, la única medida que la sociedad puede tomar para garantizar la equidad y la inclusión de todos sus miembros a largo plazo.
ANPE-Madrid, desde sus orígenes, no ha cesado de luchar por el reconocimiento del sistema público de educación y sus profesionales. Lo hacemos desde muchos frentes. A nuestra firme convicción de la importancia de la educación responden tanto nuestro empeño para conseguir que se aprobase la Ley de Autoridad del Profesor como la insistencia por lograr condiciones laborales acordes con la preparación y la importancia de la labor de los docentes.
En la normativa que regula el cambio de la jornada escolar subyace la idea de que los docentes son cuidadores, razón por la cual rechazamos los principios que llevaron a su redacción y pedimos que se negocie una regulación completamente nueva, siempre teniendo en cuenta que en todo lo referente a la educación se debe legislar exclusivamente en base a criterios pedagógicos.
En teoría, la sociedad entiende la relevancia de la educación. Sin embargo, vemos cómo una y otra vez se minusvalora la importancia de sus profesionales. Esto sí que es una paradoja.
Los docentes no somos custodios de los alumnos, somos profesionales de la educación.
Las necesidades asistenciales que la sociedad debe garantizar se habrán de cubrir con otros profesionales