Carolina Fernández del Pino
Vidal
Vicepresidenta
de ANPE-Madrid
En los últimos cuarenta años se han elaborado ocho leyes
orgánicas para reformar el sistema educativo: una de UCD (1980), dos del PP
(2002 y 2013) y cinco del PSOE: 1985, 1990, 1995, 2006 y 2020. Ninguna se ha
aprobado con el consenso de la oposición y aproximadamente cada cinco años
tenemos una nueva.
Inmersos en una pandemia mundial que ha evidenciado la falta de capacidad de nuestros políticos para trabajar juntos, se ha aprobado la última. Y, como siempre, destaca la falta de un debate previo: fundamentado, profundo, meditado con la participación de profesionales de todos los sectores de la sociedad.
No se ha analizado y evaluado el actual sistema educativo para identificar, no solo los defectos sino las causas reales detrás de los resultados negativos. No se ha producido un debate en el seno de la sociedada para analizar la situación actual y las previsiones de futuro para luego fijar objetivos y trazar el diseño de un proyecto que se plasmaría en una ley educativa consensuada.
Si se desarrollase de abajo arriba con la participación de los profesores y representantes de los distintos sectores de la sociedad y estos aportasen sus conocimientos profesionales y técnicos, podría lograrse un consenso profesional. Alejaría las ideologías de la Educación, lo que posiblemente permitiría dar continuidad al proyecto al generar un sentimiento de unidad y adherencia. Una reforma basada en objetivos concretos para afrontar el futuro. Una ley educativa fundamentada sobre criterios profesionales en vez de ideas ampulosas que, como hemos visto, solo provocan indiferencia en la comunidad educativa y en la sociedad en general.
Ocho reformas educativas en cuarenta años evidencian que no hay un plan ni a medio ni a largo plazo. Carecemos de unos objetivos para el futuro. Un sistema educativo a la deriva, afectado por la demagogia de todos y la falta de sentido de estado de nuestros políticos.
Si ya resulta aberrante que los distintos partidos utilicen el sistema educativo como estandarte ideológico, peor sería que lo utilizasen como moneda de cambio para lograr los apoyos necesarios para aprobar otras leyes o proyectos. Constituiría una falta de respeto por la educación, pilar fundamental de la sociedad.
Me resisto a creer que pueda ser cierto, pero hay rumores de que los siguientes cambios se han introducido solo para contentar a algunos sectores del espectro político. Desafortunadamente, la sabiduría de antaño dice que cuando el río suena, agua lleva.
La nueva ley apuesta por la inclusión de todos los alumnos en centros ordinarios, reservando los de educación especial para casos de “atención muy especializada”. En el plazo de diez años, los centros ordinarios deberán contar con los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Los centros educativos ordinarios siguen padeciendo una falta de profesorado y de recursos, y ahora se pretende que en diez años todos tengan los recursos humanos y materiales necesarios para la inclusión de alumnos que requieren una atención muy especializada, algunos en todo momento.
Cualquiera que haya visitado un centro de educación especial sabe que su desaparición es inviable porque, desafortunadamente, también lo es que la mayoría de estos alumnos puedan integrase en centros ordinarios. No solo es imposible reformar todos los centros y dotarlos de los recursos materiales y personales que requieren estos alumnos, sino que, al parecer, no se ha valorado si es positiva para ellos la inclusión en la red ordinaria. ¿Recibirán la atención y los cuidados necesarios para preservar su bienestar físico y mental y para desarrollar al máximo su potencial?
No es aceptable el desasosiego generado en el seno de las familias de estos alumnos que saben que inclusión no es sinónimo de integración.
Se ha suprimido la consideración del castellano como “lengua oficial del Estado” y como “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”. Además, se ha anulado la competencia que tenía la Alta Inspección del Estado de velar por el cumplimiento de las normas sobre la utilización de la lengua vehicular en las enseñanzas básicas.
¿A qué responde esto?
Se ha modificado la sección 4 b) de la disposición duodécima de la LOE, relativa al procedimiento de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Educación. Aunque se mantiene el sistema de concurso-oposición, se sustituye el término “prueba” por “valoración”.
Esto abre la puerta a un acceso hecho a medida. No olvidemos que la Alta Inspección del Estado ya no va a velar por el cumplimiento de la norma sobre la utilización de la lengua vehicular.
Se integran especialidades de Formación Profesional en Secundaria y se establece que:
Aquí surgen varios problemas. A los funcionarios de carrera que están en posesión de la titulación requerida les produce inquietud que no se haya establecido la forma ni los plazos de acceso. A quienes no cumplen con el requisito de titulación les inquieta cómo les va a afectar pertenecer a un cuerpo a extinguir. Los interinos que no cumplen con el requisito de titulación se ven sin trabajo para el curso que viene. Y no menos importante, las direcciones generales de recursos humanos de las Comunidades Autónomas temen no contar, para el próximo curso, con profesores suficientes que cumplan los requisitos para impartir estas especialidades.
Podían haber desarrollado una transitoria para su implantación, pero parece que este cambio se hubiese incluido en el último momento, sin planificar medidas para afrontar sus efectos.
La última noticia es que ahora la ministra, tras una reunión con el consejero de Educación del País Vasco durante la cual este le transmitió su inquietud por la situación, ha dicho que los profesores técnicos sin titulación podrán seguir presentándose a los procesos selectivos en el futuro. Tendrán que legislar una corrección de errores para la nueva reforma.
El ahora no-ahora sí refleja la absoluta falta de análisis en cuanto al impacto sobre el sistema y los profesores.
Cuando se aprobó la LOMCE, ANPE editó un libro que recogía el texto completo e incluía el articulado vigente de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los cambios que introducía la LOMCE. Un nuevo libro podría incluir no solo el articulado vigente de la LOMLOE y los cambios introducidos, sino también reflejar los cambios introducidos por la LOMCE y las otras cinco reformas que siguen vigentes.
La fuerza de cualquier grupo social es su unidad. No hace falta estar de acuerdo en absolutamente cada punto para poder trabajar juntos y lograr objetivos. Hay una carencia de liderazgo en nuestro país y una sobredosis de intereses particulares y partidistas. Nuestros líderes carecen de las habilidades sociales y directivas imprescindibles para conseguir que todos colaboren en el diseño de un proyecto a medio y largo plazo, definido por objetivos generales y específicos.
Estamos en un mundo globalizado y digital que cambia a un ritmo delirante. Ni el mundo ni el futuro van a pararse a esperarnos, ni se van a doblegar a la visión ideológica que los distintos partidos políticos quieran imponer.
Hagamos caso a Miguel de Unamuno y Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado, que ya va siendo hora de que nos hagamos adultos.
El empobrecimiento de los docentes
Reducción horaria Ya está todo dicho
Como siempre, destaca la falta de un debate previo