Modificación de la jornada escolar


Democratización del procedimiento y reconocimiento de la profesión docente

ANPE-Madrid denuncia que la normativa vigente que regula el cambio de jornada escolar de los CEIP permite, por no decir que protege, actuaciones poco democráticas, ya que impide que los votos de la mayoría de la comunidad educativa sean los que dictaminen el resultado.

No es razonable que la modificación de la jornada escolar requiera una participación mayor y un número de votos favorables superior al necesario para la aprobación de un Real Decreto o la investidura del presidente de la nación o de una comunidad autónoma.

El requisito de participación que establece la Orden 502/2013 que en su artículo 3.2.f de un mínimo de dos tercios del total de personas que componen el censo para que la votación sea considerada válida ha convertido la no participación en un “voto” mucho más valioso que el emitido, derrotando de forma muy efectiva principios democráticos fundamentales, como el de una persona un voto y el de la igualdad de los votos.

Sin embargo, no es este el aspecto que más daño hace a la intervención educativa, sino el espíritu de esta regulación que permite que se considere a los docentes como cuidadores, en vez de delimitar claramente su labor al ámbito educativo.

Reconocemos que es imprescindible que las administraciones garanticen los servicios asistenciales para el cuidado de los menores, pero es necesario que, como en muchos países de nuestro entorno, se separe claramente la jornada educativa de la asistencial, además de diferenciar las administraciones responsables de cada servicio y los profesionales que deben garantizarlos. Así se contribuye activamente al reconocimiento social de los profesores y su importancia como pilar fundamental de un sistema educativo de calidad.

La regulación de la jornada escolar de la Comunidad de Madrid demuestra claramente la concepción que la Administración tiene de los profesores, ya que permite que se les utilice para garantizar la conciliación familiar que algunas AMPA exigen, a costa de los docentes y cualquier planteamiento pedagógico.

Cualquier medida o normativa que menosprecie la importancia y especialización de los docentes como expertos de la educación solo ahonda más en el convencimiento de que la sociedad, en general, y la Administración, en particular, no reconocen nuestra profesionalidad como expertos de la educación.

ANPE-Madrid exige no solo que se democratice el procedimiento de cambio de la jornada escolar, sino también que la Administración trabaje activamente para el reconocimiento de la profesión docente, de su especialización y conocimientos expertos, evitando que de forma encubierta se les utilice para cubrir las necesidades asistenciales de una sociedad moderna.