La convalidación por el
Congreso, el pasado 15 de octubre, del Real Decreto-Ley 31/2020, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
de la educación no universitaria, traslada a las Comunidades Autónomas la capacidad de regular los criterios de
promoción y titulación. Además de recoger, en lo que respecta a la titulación en ESO y Bachillerato, que dicha
decisión “no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones.”
Todo esto supone, como ya
denunció ANPE, una dejación de funciones por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ya que es
competencia estatal la expedición de títulos académicos, tal y como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. Los
criterios de promoción y titulación, por tanto, deben ser comunes para todo el territorio nacional, puesto que los
títulos académicos que se expiden, por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tienen validez en
todo el Estado.
Para ANPE, no se puede
dejar al albur de las Comunidades Autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación, y trasladar la
responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes. Con lo recogido en el RDLey 31/2020, se puede llegar
a producir una vulneración del principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de
residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación. Esta decisión agravaría la brecha ya
existente entre las Comunidades Autónomas.
Es por ello que, desde
ANPE, apelamos a las Comunidades Autónomas a que lleguen a un Acuerdo para que se mantengan los actuales criterios de
promoción y titulación recogidos en la LOMCE, que son los mismos que recogían las leyes precedentes, y evitar, en la
medida de lo posible, la disparidad de criterios que puede provocar la aprobación del RDLey 31/2020. Ya ha habido
anuncios públicos de consejeros y consejeras de Educación, de distinto signo político, en esta línea, lo que desde
ANPE celebramos ante la lamentable decisión de aprobar el citado RDLey.
Hay que sumar a lo anterior
el mensaje contrario a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado que emana de la propia norma, en la que se recoge
explícitamente que la promoción y la titulación no quedarán supeditadas a la existencia de materias suspensas. Para
ANPE, buscar la promoción y la titulación automática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas,
no es la solución contra el fracaso escolar ni son medidas útiles para contrarrestar los efectos negativos que, a
nivel académico, está produciendo la pandemia.
Por tanto, volvemos a pedir al Gobierno que, para suplir los déficits de aprendizaje y reducir la actual tasa de fracaso escolar, obligue por RDLey a todas las Comunidades Autónomas a bajar las ratios máximas de alumnos por aula y el horario lectivo del profesorado. Esto propiciaría una atención más individualizada al alumnado mejorando sus resultados académicos, además de ser la mejor forma para ayudar a que el máximo número de alumnos pueda promocionar de curso con todas las garantías, aumentando, a su vez, el número de titulados, en este caso con todas las materias superadas.
