Carolina Fernández del Pino Vidal
Vicepresidenta de ANPE-Madrid
Con la firma de los Acuerdos para el cobro de tutorías y un complemento retributivo, por funciones asimiladas, para docentes en centros de Educación Infantil, Primaria y Especial; CEPA; Aulas Hospitalarias, Penitenciarias y TGD; CREI Sagrado Corazón de Jesús y Centros Educativos Terapéuticos, se logró una reivindicación histórica de ANPE-Madrid.
Sin embargo, queda mucho por hacer, muchas asignaturas pendientes.
La coyuntura actual hace que sea aún más urgente conseguir avances laborales y, como sindicato profesional solo de la pública, todo nuestro empeño se centra en empujar a las distintas administraciones a que se encaminen hacia un reconocimiento de la importancia de nuestra labor, y este reconocimiento no puede ser solo social sino que debe traducirse en la mejora de condiciones laborales, que es al fin y al cabo la manera en que realmente se muestra el valor que se concede a una labor y a la profesionalidad de los trabajadores.
Ante la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación y crisis energética, es necesario que se aborde de forma urgente el incremento salarial.
Los docentes llevamos años perdiendo poder adquisitivo y el impacto es mayor en los profesores de la Comunidad de Madrid, por el alto coste de la vivienda y por estar entre la Comunidades que menos pagan a sus profesores. Ya el año pasado denunciamos que una subida del 2 % era insuficiente con un IPC que superó el 6 %. Esto supuso una nueva pérdida de poder adquisitivo para el profesorado. Desde los recortes del año 2010 llevamos una merma superior al 20 %.
No sería aceptable que se volviese a plantear una subida salarial de solo el 2 %.
Por otro lado, en los últimos años, a pesar de que somos un cuerpo estatal, la brecha salarial entre los docentes de distintas Comunidades Autónomas ha ido aumentando progresivamente, llegando a ser, en algunos casos, más de 6.000 euros anuales.
Exigimos la inmediata equiparación salarial docente, estableciendo unas estructuras salariales comunes, equiparando las retribuciones básicas y complementarias a las de las CCAA con mejores salarios y acabar así con la desigualdad existente actualmente en los cuerpos docentes en función de la autonomía donde se esté trabajando.
Debemos volver al establecimiento, con carácter ordinario, de un máximo de veintitrés horas lectivas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de Régimen General, en aplicación de la recomendación contenida en la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
El profesorado madrileño se encuentra por encima de la media de la UE22 respecto a su horario lectivo. Además, cada año se incrementa la carga burocrática y este también habrá que dedicar más horas para adaptarse, de forma atropellada, a la nueva ley educativa. Esto implica no solo un detrimento de las condiciones laborales, sino que también afecta la calidad de la enseñanza, ya que reduce el tiempo que se puede dedicar a la preparación de las clases.
ANPE-Madrid exige que se reduzcan al mínimo indispensable las tareas burocráticas y se mejoren los programas informáticos para evitar la duplicidad y aumentar el rendimiento del tiempo empleado. Esto favorecería el desarrollo del trabajo propiamente docente y la atención a los alumnos.
Es, además, imprescindible la dotación en todos los centros de personal administrativo y de servicios para llevar a cabo las tareas que no sean específicas de la labor docente.
Abono transporte y kilometrajeFactores como el aumento de personal docente y el encarecimiento del abono transporte y de la gasolina hacen necesario establecer otros criterios para el incremento anual del fondo destinado a estas ayudas, si queremos respetar el espíritu del Acuerdo Sectorial de 26 de octubre de 2006, en cuanto al beneficio que pretendía aportar.
En la página 13 de esta revista, se puede ver el argumentario completo sobre este asunto.
En la página 15 de esta revista explicamos no solo lo poco razonable del requisito de participación, superior al necesario para la aprobación de un Real Decreto o la investidura del presidente de la nación, sino también lo perverso de una normativa que permite que se considere a los docentes como cuidadores, en vez de delimitar claramente su labor al ámbito educativo.
Es importante señalar que esta reivindicación histórica de ANPE-Madrid afecta a todos los docentes, porque lo que subyace es una falta de reconocimiento de la importancia de nuestra labor educativa, al transmitir la idea de que somos cuidadores, o al menos que esa es una de nuestras funciones.
Muchos de los problemas con los que nos enfrentamos, en cuanto a derechos laborales, están basados en la falta de valoración real de nuestra importancia. Parece que todos los partidos quieren aprobar una ley educativa nueva para renovar y mejorar el sistema educativo, como si la ley pudiese por sí sola conseguir los resultados deseados. Obvian una y otra vez a los profesores para su confección, e ignoran nuestras demandas de recursos y condiciones adecuadas para la mejora del proceso educativo.
Las leyes educativas seguirán sucediéndose, y serán los docentes quienes, dentro de sus aulas, con dedicación y esfuerzo, harán posible que el proceso educativo tenga lugar, asegurando la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Ya va siendo hora de que las administraciones reconozcan nuestra valía, como pilar fundamental de una educación de calidad, y lo demuestren con algo más que paños calientes.
Los docentes llevamos años perdiendo poder adquisitivo y el impacto es mayor en los profesores de la Comunidad de Madrid