Vaivenes políticos y Educación

Vaivenes políticos y Educación

Carolina Fernández del Pino Vidal
Vicepresidenta de ANPE-Madrid

En medio de las idas y venidas de las coaliciones para formar gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, el rumor de la reforma educativa resuena en el fondo peligrosamente. Educación y Sanidad, junto con la cartera de Economía, son los baluartes de cualquier Admi­nistración, pero también los pilares fundamentales de una sociedad democrática de bienestar.

Desafortunadamente, la educación suele ser la bandera con la que unos y otros proclaman sus principios fundamentales. 

Los ciudadanos y los funcionarios quedamos a expensas de las necesidades de los políticos para formar gobierno, que sin pestañear podrían utilizarnos como moneda de cambio. Pero también de que, para dejar una huella de su legislación, se lancen a acometer una reforma educativa. Y una vez más, esta no gozará del apoyo de los otros partidos mayoritarios y aquellos que les rondan cerca, por lo que nacería viciada y propensa a ser cuestionada, restando apoyo al sistema educativo público y por extensión a sus profesionales. 

Sin embargo, más importante incluso que el diseño de una reforma educativa que fuese fruto del consenso, sería que se comprometieran a que el resultado fuese un proyecto común a todos o que estuvieran dispuestos a disminuir las diferencias que ya se han producido entre las Comunidades Autónomas. 

Cuando uno considera que somos una nación y no varias, y además se supone que vamos hacia la formación de un proyecto transnacional como la Unión Europea, no se puede entender cómo, por un lado, no se garantiza la igualdad de los ciudadanos en relación a servicios tan importantes como la educación y la sanidad, y por otro, la igualdad entre los trabajadores que garantizan estos servicios básicos.

¿Cómo es posible que un médico en Andalucía cobre hasta mil euros menos al mes que uno en Murcia? ¿Cómo es posible que un paciente de una comunidad no tenga acceso a los mismos medicamentos que otro que reside en distinta comunidad? ¿Cómo es posible que las listas de espera sean tan dramáticamente distintas? ¿Cómo es posible que el contenido curricular de un alumno español varíe de una comunidad a otra que los programas de Formación Profesional sean tan diferentes, que los niveles de tal o cual asignatura varíen tanto? ¿Cómo es posible que los criterios y niveles de los exámenes de PAU sean distintos en cada comunidad autónoma, cuando sin embargo los alumnos están compitiendo por los mismos puestos universitarios?

El artículo 27.5 de la Constitución dice:

Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza…

Y el apartado 8 establece que:

Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Yo no soy jurista, pero creo que el espíritu de la Constitución era que todos los españoles debían tener derecho a una educación pública y gratuita, y que esta fuese la misma para todos. 

En cuanto a los derechos y deberes de los funcionarios, que son cuerpos estatales, el artículo 103.3 establece:

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

Según el artículo 149.1, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Adminis­traciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas…

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

ANPE lleva tiempo exigiendo la equiparación de las condiciones laborales de los funcionarios de la educación porque creemos que, siendo del mismo cuerpo, con el mismo acceso y realizando las mismas funciones, es de obligado cumplimiento que las condiciones laborales sean las mismas.

Pero también creemos que el Gobierno de la nación debe proteger los derechos del alumnado español garantizando una educación de calidad para todos, sin distinción de en qué comunidad autónoma residan.

Las diferencias que existen entre los 17 sistemas educativos y de sanidad no garantizan la igualdad de los españoles y las diferencias en las condiciones laborales entre los funcionarios que deben garantizar estos servicios apuntalan estas diferencias.

Las condiciones laborales de los profesionales que prestan sus servicios afectan, en gran medida, al servicio que se ofrece. El número de pacientes o de alumnos que deben ser atendidos por un solo profesional, el tiempo que dedicamos a cada uno, además de la inversión que se realiza, inciden sobre la calidad del servicio.

Los ciudadanos no deberíamos ser una tabla de ajedrez sobre la cual los partidos, el Gobierno estatal y los autonómicos llevan a cabo sus juegos políticos. Una reforma educativa, un estatuto de los profesores, una carrera profesional no deben hacerse con la única finalidad de satisfacer unos intereses políticos.

Creo que hace ya muchos años y legislaturas que nuestros gobernantes han perdido de vista que no solo el presente, sino también el futuro de nuestro país y de los ciudadanos es lo que debería estar guiando su andadura. El futuro debería ser una promesa compartida que garantizase que todos los ciudadanos tengan los mismos, derechos, deberes y oportunidades.