Pacto de Estado para la educación
Gracias, señores académicos
Rosalía Aller Maisonnave
Secretaria de Comunicación
Sepultados bajo ingentes cantidades de declaraciones, jornadas, observatorios, foros, blogs y más sobre educación, el pasado 9 de febrero vemos un rayo de luz: nueve reales academias españolas, integradas en el Instituto de España, presentan su propuesta de un pacto de Estado para la educación, cuya lectura recomendamos encarecidamente.
¿Por qué tan sabias disquisiciones no han tenido, a nuestro entender, gran divulgación? ¿Será que no encajan en el “discurso oficial”, en el cual parece plantearse una incomprensible pugna entre pedagogía y conocimientos, donde estos son derrotados por knock out? Terrible sería admitir que esta es la respuesta, consideración que sometemos al buen entender de los lectores.
Ya era hora de que el sentido común –cuya escasez en estos tiempos lo convierte en una forma de erudición–, impregnara un texto sobre este tema. ¿Qué menos podíamos esperar los educadores de instituciones surgidas bajo el signo de la razón, “como centros de cultivo del saber y de difusión del conocimiento”, según la web del Instituto que las agrupa?
El documento manifiesta la decepción que experimentan sus firmantes al constatar que, tras décadas de reformas en el ámbito educativo, no se han alcanzado los resultados esperados, situación que un pacto de Estado habría evitado, al establecer unos objetivos –ni muchos ni muy complejos– al margen de vaivenes políticos o ideológicos. Misión imposible.
Ítem más. Para alcanzar la estabilidad, la sociedad civil debe comprometerse con esta tarea a través de la familia, cuyo papel en la educación es insustituible. Incuestionable.
Pero los académicos dan otro paso y recuerdan la veneración y el respeto de la sociedad a los profesores, en tiempos pre-prosperidad, y la gran paradoja de encontrarnos hoy, tras haber despertado “del sueño de que éramos nuevos ricos”, con que uno de los problemas más graves de la educación actual es “el menosprecio, por parte de algunos padres y alumnos, de la autoridad de los profesores”.
Seguimos leyendo y nos cuesta creer esta afirmación: “las teorías y técnicas pedagógicas deben supeditarse al conocimiento fundamental por parte de cada profesor de las materias que enseña”. Tan original es en el nuevo contexto teórico-educativo, donde “expertos” y “científicos” nacionales e internaciones no hacen más que reiterar la preeminencia de la forma (cómo enseñar) sobre el fondo (qué enseñar), que debemos releerla para confirmar su existencia.
Y descubrimos que los autores de la declaración han consultado a los verdaderos expertos: quienes están en las aulas. Y estos les han hablado, sencillamente, de sus dificultades para ejercer la docencia. Y los académicos, serios y profundos, han tomado nota de que algunas no son “mensurables estadísticamente, pues tienen más que ver con las actitudes que con las aptitudes de los estudiantes”. Así, en cursiva, para que resulte más claro, en un guiño a la jerga logsiana.
En términos de objetivos, el documento académico –breve, sencillo y apto no solo para iniciados– propone objetivos prioritarios de ese pacto anunciado: “no se trata primordialmente de producir trabajadores, sino de formar ciudadanos instruidos, responsables y competentes”, pues no ha de pensarse exclusivamente en el mercado laboral, sino también en la inserción de cada persona en la sociedad, con derechos y obligaciones. Y así pasa a enumerar sintéticamente cuanto aportan las diferentes ramas del conocimiento a la formación del alumno.
Especialmente actual resulta la referencia al “adanismo”, un “vicio” que, como es obvio, procede de la ignorancia: “Sin el conocimiento de la larga estela del pasado –afirma sin complejos el texto– resulta imposible entender y valorar el presente, así como proyectar el futuro”.
Como no podía ser menos, los sabios autores nos recuerdan el papel de la menospreciada filosofía en la formación de ciudadanos reflexivos y críticos, y cuánto debemos a la Ilustración –cuyo espíritu dio origen a estas academias– en términos de derechos de las personas, entre los cuales se incluyen la educación y la cultura, y de avances sociales hacia el estado de bienestar.
La “volatilidad normativa” –declaran– atenta contra la obligación de los gobiernos de universalizar el conocimiento y el perfeccionamiento personal que este propicia, motivo por el cual urgen a la plasmación de un pacto de Estado por la educación.
Ni rastros en la propuesta académica de esos imposibles y peregrinos razonamientos con los que nos atiborran últimamente numerosos escritos, con el solo fin de concluir que los profesores debemos formarnos más para la “nueva educación”. Y, por supuesto, enseñar menos. Entendemos, entonces, que además de “aprender a aprender”, los alumnos deben “aprender a pensar”, y para ello es imprescindible poner en marcha esos mecanismos internos que el estudio –otro olvidado– tan bien aceita.
Por este momento de reflexión con los pies en la tierra y, sobre todo, por desmarcarse del tsunami orquestado por teóricos de escritorio, cuya desconexión con la realidad de las aulas hace pensar que si cataron un alumno fue in illo tempore, gracias, señores académicos.
