Los vaivenes de la educación
Esteban Serrano Tamayo
Secretario de Organización
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En cuanto a la recuperación del poder adquisitivo, el Acuerdo firmado resulta insuficiente |
Han pasado casi dos años desde que el Pleno del Congreso ratificara la creación de la Subcomisión encargada de buscar un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación. Por aquel diciembre de 2016, un halo de esperanza se vislumbraba entre el profesorado, cansado de los vaivenes educativos a que nos sometía la clase política. Por fin, parecía que todo el mundo era consciente de la importancia de una estabilidad en el sistema educativo que impidiera la utilización de la educación con fines electoralistas. Durante sus casi dos años de existencia, unos 80 expertos expusieron sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa, comenzando con la comparecencia de nuestro presidente nacional, Nicolás Fernández Guisado.
Como muchos se temían y ya vaticinaron en su momento, el Pacto Educativo consumó su fracaso sin llegar a ningún tipo de acuerdo. La razón fue económica, pero podía haber sido cualquier otra que enmascarara la falta de interés por sentar las bases de la ansiada y verdadera reforma educativa. De nuevo nos olvidamos de nuestros alumnos y, por ende, del futuro de nuestra sociedad.
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El proyecto de ley contribuye aún más a la desvertebración del sistema educativo y a las diferencias entre comunidades autónomas |
Cuando todos nos creíamos que la educación sería aparcada hasta la proximidad de las futuras elecciones, las distintas fuerzas políticas se descuelgan con diferentes y sorprendentes propuestas que no pusieron encima de la mesa durante todo este largo proceso de negociación. Por desgracia, entre ellas no se encuentran las tan necesarias y reivindicadas por ANPE, ley de la profesión docente y el estatuto del profesorado.
Así, para derogar algunas de las medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que afectaban gravemente a la calidad del sistema educativo y a su profesorado, el actual Gobierno presentó este pasado mes la llamada Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. Este proyecto de ley permite que sean las comunidades autónomas, y no el Ejecutivo central, las que determinen el número de horas de clase que debemos impartir los docentes, contribuyendo aún más a la desvertebración del sistema educativo y a las diferencias entre las comunidades autónomas ya palpables, por ejemplo, a nivel salarial a pesar de ser cuerpos funcionariales de carácter estatal. Por ello, la permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó dos propuestas de ANPE: por un lado, que el horario máximo lectivo sea de 18 horas en Secundaria y de 23 horas en Infantil y Primaria, y por otro, que las ausencias del profesorado sean atendidas desde el primer día en este curso escolar.
En cuanto a la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos últimos años, el Acuerdo firmado en la Mesa General de Empleados Públicos resulta insuficiente y se queda muy lejos del 20% de pérdidas acumuladas por el profesorado madrileño desde el año 2010. Del mismo modo, el modelo de evaluación de los profesores (voluntario, confidencial y con incentivos económicos) propuesto por el impulsor de la LOGSE, Álvaro Marchesi, y por Eva María Pérez, profesora de la Universidad Complutense, genera muchas dudas y mezcla el sistema de acceso con el sistema de desarrollo profesional.
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Nuestra comunidad ocupa una de las posiciones más negativas en cuanto al número medio de alumnos por unidad en Primaria y en la ESO |
Por último, volvemos a los temas recurrentes como el MIR educativo, la evaluación de los profesores, la formación docente… y olvidamos muchos de los importantes problemas que lastran el día a día del profesorado en el aula. En Madrid, al menos, en breve percibiremos el 100 % del salario desde el primer día en casos de baja por incapacidad temporal. Pero respecto a las ratios, nuestra comunidad ocupa una de las posiciones más negativas en cuanto al número medio de alumnos por unidad en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, según una elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Igualmente, hay que mejorar la atención a la diversidad, los inicios de curso, los programas de gestión de los centros, el sistema de préstamos de libros…
En definitiva, nos corresponde a todos hacer un esfuerzo para unificar criterios con el objetivo de combatir prioritariamente el fracaso escolar en nuestra comunidad autónoma en particular y en España en general, aún mucho más alto que la media europea, y propiciar la mejora del éxito educativo de nuestro alumnado, que a fin de cuentas será el futuro éxito de nuestro país.
