El calendario escolar
Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid
El calendario escolar es una estructura temporal planificada inherente al sistema educativo, que tiene como objetivo fundamental establecer los tiempos de las actividades escolares y, dentro de ellos, los periodos lectivos y de descanso a lo largo del curso escolar, con el fin de alcanzar la eficiencia y la optimización del rendimiento de los alumnos.
Alrededor de la mitad de los países europeos tiene un calendario escolar que incluye entre 170 y 180 días lectivos. Varía entre 162 días en Francia (excepto en la Educación Secundaria Superior) y 200 días en Dinamarca e Italia. En España, la Disposición Adicional quinta de la LOE determina que el calendario escolar será fijado anualmente por las administraciones educativas y comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, que la sitúan por debajo de la media de la OCDE y la UE22.
Total de días lectivos
Pero hay que puntualizar que el número total de horas de clase obligatorias para los alumnos de Educación Primaria en España (791) es similar al promedio de la OCDE (799) y la UE22 (775). En Secundaria Inferior, en España el número horas lectivas es de 1.044, superior al promedio de la OCDE (915) y la UE22 (895).
Se pueden observar diferencias notables entre los países analizados, que van desde las 632 horas de clase en Finlandia hasta las 1.051 de Dinamarca, en Primaria. Comparando con las horas impartidas en los países de nuestro entorno, el nuestro es uno de los que tiene el número más elevado en Secundaria.
Horas anuales de clase del alumnado (2016)
El curso pasado, el consejero de Educación madrileño propuso a los sindicatos de la Mesa Sectorial y a las confederaciones de padres adelantar a junio los exámenes extraordinarios de septiembre, básicamente para mejorar la organización y planificación del curso siguiente en los IES. Proponía modificar para ello el calendario escolar adelantando unos días el comienzo de curso y retrasando el final de las actividades lectivas, tras la realización en junio de esas pruebas extraordinarias.
Exponía, además, otras razones en favor de esta medida, señalando que las vacaciones son para disfrutar, en compañía de las familias. Estudiar durante el verano es un inconveniente para estas, ya que condiciona sus planes estivales y dificulta la conciliación de la vida familiar. En muchos casos, deben pagar un profesor particular para que el alumno logre superar los exámenes de septiembre, lo que constituye un elemento discriminatorio o es imposible para los más desfavorecidos. Adelantar los exámenes a junio es una demanda ampliamente refrendada por los directores de los institutos, que podrían planificar con mayor desahogo en el mes de julio el curso siguiente y facilitar el arranque en septiembre. Además, nos pondríamos en sintonía con lo que se hace mayoritariamente en Europa. Contribuiría a una mejor gestión de los procesos organizativos de la propia Consejería de Educación en lo relativo al comienzo de curso y la asignación de las plantillas. Sólo un 20 % de los alumnos que se presentan en septiembre aprueba asignaturas pendientes.
Sin embargo, no compartimos la mayoría de estas razones. La mejora de los procesos organizativos de los institutos y de la Consejería de Educación no debiera hacerse a costa de modificar un calendario escolar ni ser un condicionante de tanto peso para alterar los tiempos de la actividad educativa. Los procesos de organización y gestión de entidades complejas se sitúan en otro plano, cuyas soluciones están relacionadas con la organización o la producción empresarial o industrial, y hay que solventarlos con más dotación de recursos humanos, materiales y técnicos, y con perfiles especializados en la gestión y organización de procesos, sabiendo que en el mes de septiembre se produce el famoso “cuello de botella” del arranque del curso, debido a la alta tasa de interinos que hay en la Comunidad de Madrid (más del 20 % de la plantilla). Ahí es donde debieran centrarse los esfuerzos para dotar al sistema de personal funcionario, que facilitaría en gran medida los procesos organizativos, causa principal esgrimida para el cambio de calendario, al tiempo que se reduciría la precariedad en el sector docente.
Trasladar los exámenes extraordinarios de septiembre a junio es devaluar el sentido de esas pruebas y convertirlas en una segunda oportunidad a modo de repesca. Tras la fatiga y el cansancio acumulados por los alumnos a lo largo del curso, detectable a partir del mes de mayo, y con tiempo escaso entre la evaluación final y las pruebas extraordinarias, es muy difícil para quienes tengan materias pendientes conseguir los objetivos y estándares de aprendizaje necesarios para aprobar.
Suprimir las pruebas de septiembre implica privar a los alumnos que están dispuestos a emplear tiempo y esfuerzo en verano para estudiar, lo que para ellos supone mayores garantías que en junio para aprobar. Salvo que se trate de establecer unas pruebas extraordinarias más laxas y se reduzca la exigencia para maquillar los resultados.
Dicho esto, cabría contemplar una modificación del calendario escolar de la Comunidad Madrid si va en la línea del calendario de Cantabria para este curso, que mantiene los 175 días lectivos establecidos en la LOE, adelanta cuatro días el inicio del curso escolar, retrasa otros cuatro la finalización de las actividades lectivas, establece cinco bimestres con cinco periodos de descanso a lo largo del curso y traslada los exámenes de septiembre a junio.
El modelo cántabro, basado en un patrón que siguen más de veinte regiones y países europeos desde hace años, introduce elementos de racionalidad que merece la pena considerar. Adelantar cuatro días el comienzo de curso y retrasar otros cuatro su finalización es aceptable y podría compensar las objeciones mencionadas, si a finales de octubre o principios de noviembre y en febrero se establecen unos días de descanso para los alumnos, de forma que haya periodos de siete semanas lectivas alternos con períodos de descanso. Esta distribución sería óptima para mantener el ritmo de aprendizaje a lo largo del curso – evitando los tediosos y larguísimos primer y segundo trimestres, que hacen que los alumnos tras la Semana Santa acusen el cansancio y la fatiga, y estén deseando acabar– y llegar a final de curso más desahogados para afrontar con ciertas garantías las pruebas extraordinarias.
En esos periodos de descanso de noviembre y febrero, deberían promoverse la apertura de los centros y la organización de actividades no formales o lúdico-deportivas con personal contratado por los ayuntamientos, que puedan favorecer la conciliación de las familias que lo precisen. Un elemento que contribuiría a la creación de empleo, que ya ha sido desarrollado en otras épocas en diferentes municipios madrileños y del resto de España.
Reducir las vacaciones de verano es impensable en España. Adentrarse en el mes de julio con actividades lectivas o comenzar las clases en los primeros días de septiembre es perjudicial para el alumnado –como se ha demostrado en la Comunidad Valenciana– debido al calor extremo del período estival de los países mediterráneos y más en el interior peninsular, con instalaciones escolares que no están adaptadas, mal aisladas y sin aire acondicionado. A eso, hay que añadir la galbana natural que afecta a las personas y en mayor medida a los niños y jóvenes en esa época del año, por lo que es totalmente desaconsejable.
Si bien una cosa es el calendario escolar y otra el calendario laboral de los docentes de la enseñanza pública, aprovecho la ocasión para resaltar algunos datos que resultan clarificadores, pues desmontan ciertos argumentos tendenciosos sobre la intensidad del trabajo de los profesores cuando se aborda la cuestión de los tiempos escolares.
Puede afirmarse que los profesores españoles son de los que más tiempo dedican a actividades lectivas directas en relación a su tiempo de trabajo, por encima de la media de la OCDE, de la UE22 y de los principales países de nuestro entorno, lo que les acarrea un mayor desgaste y que tengan menos tiempo para planificar, coordinarse, evaluar y preparar las clases, además de otras tareas inherentes al quehacer docente como correcciones, formación, reuniones, asesoramiento del alumnado, tareas de gestión y administrativas, comunicación con los padres y coordinación con otros profesores, etc.
Porcentaje del número de horas de enseñanza respecto al tiempo total de trabajo (2016)
El profesorado español también está por encima de la media de la UE22 y de la OCDE en cuanto al número de horas de enseñanza al año, tanto en Primaria como en Secundaria. En Educación Primaria, con un promedio de 880 horas, supera en más de 100 horas al promedio de los países de la OCDE y la UE22, con 776 y 754 horas anuales respectivamente. Algo similar sucede en Secundaria, aunque con diferencias menos notables.
Horas anuales de clase del profesor (2016)
En base a estos datos y a los recortes recogidos en el RD 14/2012, cuyas consecuencias seguimos padeciendo en el curso 2016-17, y puestos a hablar de un nuevo calendario escolar para la Comunidad de Madrid, también habrá que contemplar la reducción de horas lectivas del profesorado de la enseñanza pública y un reajuste entre las horas de docencia y de trabajo, descompensadas en relación a los países de nuestro entorno y a la media de la UE22 y la OCDE.
Y en relación a una posible modificación del calendario escolar en Madrid, pido al consejero que busque el acuerdo y el consenso entre todos los agentes educativos y establezca una línea de trabajo que tenga como base principal el interés de los alumnos, en consonancia con la regulación de Cantabria.
