Debate electoral y educación
ANPE-Madrid exige que los políticos se comprometan con la mejora de la enseñanza
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ANPE-Madrid, sindicato mayoritario de la educación pública en esta comunidad autónoma, exige que los políticos se comprometan con la mejora del estado de la enseñanza. |
Aun antes de iniciarse la campaña electoral, los partidos políticos ya habían comenzado a presentar sus propuestas a nivel nacional y autonómico. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha planteado a las fuerzas políticas y sociales la necesidad de contar con un Acuerdo para la transformación educativa en esta región, abriendo un debate que, lamentablemente, queda acotado a las medidas estrictamente relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje, un debate que llega tarde, ya que durante el estudio y la preparación de la LOMCE los docentes estuvimos excluidos del debate y la configuración de esta ley, por la falta de relevancia que diversos sectores sociales y políticos nos otorgan en los temas educativos.
La mejora de la calidad educativa no se conseguirá abordando parcialmente una parte del todo. Es necesario y urgente, si realmente interesa mejorar la enseñanza, realizar una evaluación censal sobre el estado de la educación madrileña en todos sus aspectos, que junto a los datos objetivos de que dispone la Administración pueda sustentar sólidamente un diagnóstico de su situación real. Este es el paso previo y clave para diseñar con acierto, y no por aproximación o tanteo, las condiciones que realmente precisa la educación regional.
Desde el año 2009, en que comenzó la profunda crisis económica, financiera y social que aún padecemos, la enseñanza pública y sus docentes hemos sufrido una espiral creciente de recortes. Esta crisis alcanzó un punto crítico en 2012, cuando la aplicación en Madrid del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo tuvo por consecuencias, entre otras, el incremento de las ratios, el aumento del horario regular del profesorado de Secundaria, la no sustitución del profesorado hasta transcurridos diez días lectivos, lo que supuso la no contratación de un número considerable de docentes y una merma de calidad.
La necesidad de controlar el gasto público y racionalizar la Administración se tradujo en una política de recortes en el número de efectivos; la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos; una notable disminución de la inversión destinada a gastos sociales y en la prestación de los servicios públicos esenciales. Estas medidas, aún vigentes, siguen repercutiendo negativamente en la calidad de la enseñanza, las condiciones en que las administraciones prestan el servicio educativo a la sociedad y la situación sociolaboral del profesorado.
ANPE-Madrid es consciente de las dificultades económicas que han atravesado la comunidad autónoma y todo el país, pero considera que en estos momentos, cuando los principales agentes económicos insisten en que la recuperación ha llegado y que Madrid será una de las regiones que lidere el crecimiento español, es fundamental reforzar la educación. Para ello es preciso, antes de cualquier otra cuestión, incrementar la inversión educativa y recuperar el terreno perdido tras esta etapa de recortes.
Una buena formación facilitará a las nuevas generaciones el acceso al mercado laboral con garantías de éxito, para que nuestros empresarios no tengan que buscar fuera a profesionales que no encuentran dentro, un reto que no es competencia exclusiva de los educadores, sino de toda la sociedad y, en gran medida, de los representantes políticos, en cuyas manos está la posibilidad de dotar a la enseñanza de condiciones y medios suficientes para la adecuada realización de la tarea docente, sin olvidar el papel crucial del profesorado, en el que inciden numerosos informes internacionales.
ANPE-Madrid anima a los líderes políticos a promover un debate real sobre la educación y a presentar sus propuestas para los próximos cuatro años, pero también una estrategia a largo plazo que no ponga el foco exclusivamente en el profesorado y que no podrá diseñarse sin un diagnóstico certero de la situación educativa y la reversión de los recortes de estos años.
