Acuerdo de sindicatos y Gobierno nacional para convocar ofertas de empleo público que rebajen la tasa de interinos hasta el 8 %
En lo que respecta al Acuerdo alcanzado por algunos sindicatos con el Gobierno nacional para que se realicen en los próximos años amplias ofertas de empleo público con el objetivo de rebajar la tasa de interinos hasta el 8 %, desde el Comité Ejecutivo Estatal de ANPE se ha valorado positivamente el compromiso de reducir las altas tasas de interinos docentes existentes, si bien se ha resaltado la insuficiencia del mismo, pues no sólo es necesario consolidar el empleo temporal existente mediante amplias ofertas de empleo público docente y unos procesos selectivos que tengan en cuenta la realidad del colectivo docente con una situación de interinidad, sino también crear empleo para recuperar, a su vez, los miles de puestos de trabajo destruidos en estos últimos años y que, en el sector docente, se cifran en más de 35.000 en todo el Estado. Por ello, el Comité Ejecutivo Estatal de ANPE ha acordado pedir al Gobierno que este Acuerdo de la Mesa General no limite la negociación en las Mesas Sectoriales de Educación, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, y que sea en esas Mesas donde se concreten las ofertas de empleo público en el sector docente para que, en los próximos años, no solamente consolidemos las plantillas actuales, como dice el citado Acuerdo, sino que, además, seamos capaces de ir recuperando esos miles de puestos docentes perdidos en todas las comunidades autónomas por los recortes acumulados, para lo que se hace imprescindible revertir los mismos, fundamentalmente la reducción del horario lectivo y de las ratios máximas de alumnos por aula.
Por otro lado, ANPE exige al Ministerio de Educación que lidere, coordine y armonice los procesos de oposiciones en todas las comunidades autónomas en los próximos años desde la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación. ANPE exige con carácter de urgencia negociar la concreción de este acuerdo mediante un proceso de acceso a los cuerpos docentes en todo el Estado a través del cual respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad valorando la experiencia docente en la fase de concurso al máximo que permita la normativa vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
