Esteban Serrano Tamayo
Secretario de Organización
Bromas aparte, lo que sí es cierto es que la Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una de las regiones que menos invierten en Educación y cuya política, respecto a los docentes y sus condiciones laborales, suele ser de las más duras. Solo hay que echar la vista atrás.
Fue la primera en abrazar los recortes, ya que en 2011 se adelantó un año a las medidas del Gobierno central, y está siendo la última en revertirlos. Tuvimos un pequeño respiro durante la presidencia de Cifuentes (2015-2018) cuando se consiguió firmar el Acuerdo Sectorial de 2018.
Desde entonces, aunque hemos conseguido mejoras, no se ha avanzado suficientemente en las cuestiones fundamentales que afectan la calidad de la enseñanza y las condiciones de trabajo.
En esta última etapa, su atrincheramiento en retrasar cualquier mejora lo explican aludiendo a los grandes esfuerzos que están haciendo para, por ejemplo, reducir las ratios. Sin embargo, podemos afirmar que las ratios se van a reducir por sí solas, ya que la natalidad ha bajado significativamente. Ante esta realidad se encontraban frente a la tesitura de cerrar centros públicos o bajar las ratios. Cerrar centros públicos conlleva un coste político, especialmente en una región con un porcentaje tan elevado de centros concertados. Solo les queda bajar la ratio y colgarse la medalla. Nosotros demandamos la bajada de ratios, pero en un plazo más corto y acompañada de aumento de plantillas e incorporación de todos los perfiles profesionales.
También quieren arrogarse los resultados PISA y el buen funcionamiento de los centros durante la pandemia. Parece que lo logran solos, a pesar de que todos los estudios internacionales identifican a los profesores como el factor más decisivo para alcanzar una educación de calidad y buenos resultados. Ninguna política educativa por sí sola, sin la entrega de los docentes, puede obtener buenos resultados.
Su actitud y la opinión que tienen de los profesionales madrileños es patente, y su inmovilismo con respecto a mejorar sus condiciones de trabajo, o por lo menos a recuperar las que existían en 2010, deja muy claro lo poco que valoran y reconocen nuestra labor:
Es verdad que Madrid oferta muchas plazas para las oposiciones, pero un fenómeno que estamos detectando es que cada vez más funcionarios, en cuanto pueden y si sus circunstancias familiares lo permiten, concursan para irse de Madrid.
La Comunidad de Madrid parece estar muy segura de que el
profesorado madrileño seguirá aguantando lo que le echen. Y
tal vez sea cierto. La pregunta para todos es si podemos permitírnoslo si queremos proteger a la red pública educativa y a
sus profesionales.
La Comunidad de Madrid se
caracteriza por ser una de las
regiones que menos invierten en Educación