Carolina Fernández del Pino Vidal
Vicepresidenta
La naturaleza humana tiende a convertir en “normal” todo aquello que entra a formar parte de su vida. Así la educación pública, entendida como un sistema educativo gratuito y obligatorio, parece haber pasado a ser una parte natural de nuestra vida. Tenemos derecho a ella por el simple hecho de nacer. Damos por sentado que debe haber agua corriente, electricidad, carreteras, transporte y educación públicos. No podemos imaginar un mundo sin estos y muchos otros inventos humanos. Nos parece natural que existan.
Sin embargo, podemos coger un avión y en menos de ocho horas colocarnos en lugares donde no es así, donde el abandono o fracaso escolar son conceptos aun por inventar, igual que lo es el derecho a la educación.
La educación pública obligatoria gratuita no ha formado parte de la historia del hombre hasta hace relativamente poco.
Aunque el concepto de educación pública como lo conocemos hoy tiene sus raíces en la Antigua Grecia, donde filósofos como Platón y Aristóteles ya concebían la idea de que el Estado debía jugar un rol en la educación de los ciudadanos, no fue hasta la Edad Moderna que la enseñanza pública comenzó a tomar forma.
En Europa, uno de los primeros promotores de la educación pública fue Martín Lutero, quien en el siglo XVI abogó por la creación de escuelas públicas para educar a todos los niños, independientemente de su estatus social. En el siglo XVIII, países como Prusia comenzaron a establecer sistemas educativos estatales obligatorios, un modelo que se expandiría lentamente, en los siguientes siglos, por el resto de Europa y América en los siguientes.
El siglo XIX fue crucial para la consolidación de la enseñanza pública. Durante este periodo, la Revolución Industrial y los cambios socioeconómicos que trajo consigo hicieron evidente la necesidad de sistemas educativos más robustos y accesibles. Países como Estados Unidos y Francia comenzaron a desarrollar y expandir sus sistemas de educación pública. En 1837, Horace Mann en Massachusetts promovió reformas que eventualmente llevarían a la creación de un sistema escolar público financiado por el estado que serviría como modelo para otros estados y países.
En España la educación obligatoria como la conocemos hoy comenzó a tomar forma con la Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como la Ley Moyano. Esta ley estableció la obligatoriedad de la educación primaria. Como todos los grandes avances, su implantación no fue inmediata ni llegó a todos hasta el siglo XX. La Ley General de Educación de 1970 extendió la educación obligatoria hasta los 14 años y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 lo hizo hasta los 16 años. Aunque solo lleva siendo algo “normal” desde hace menos de 100 años, hoy en día es de suponer que casi todo el mundo está de acuerdo con que una educación gratuita y obligatoria se sitúa entre los derechos humanos más importantes y que debe ser garantizado y defendido. Es un derecho que hace posible proteger otros derechos humanos básicos y alcanzar metas individuales y grupales muy importantes, entre otras:
La enseñanza pública ha jugado un rol crucial en la formación de sociedades modernas más justas, equitativas y prósperas. En este sentido, la enseñanza pública no solo es un legado histórico, sino también una promesa hacia el futuro.
La defensa de la red pública y los docentes que la preservan no se puede abandonar. Aunque muchas veces nuestras reivindicaciones se interpreten, por una parte de la sociedad, de forma errónea, son importantes, pues constituyen la única arma que tenemos para luchar contra la poca atención y recursos que la Administración madrileña dedica a los centros y los profesionales que garantizan la enseñanza pública de calidad. Como no es natural, no se conserva sola. Es necesario protegerla, para ella siga protegiendo a los individuos y la sociedad en que vivimos.
La educación pública obligatoria gratuita
no ha formado parte de la historia del hombre
hasta hace relativamente poco