Acoso al profesorado
ANPE-Madrid denuncia la actuación de pequeños núcleos de padres
| ANPE-Madrid denuncia la indefensión en que se encuentran el profesorado y los equipos directivos de la Comunidad de Madrid ante un fenómeno muy preocupante: pequeños núcleos de padres que se asocian y utilizan medidas coercitivas para intentar imponer sus criterios y exigencias a los centros educativos. |
Aunque estos grupos no representan a la mayoría de las familias madrileñas —por norma general satisfechas con la labor del profesorado— estos pequeños núcleos, para lograr atraer la atención mediática, emplean distintos medios, entre ellos las redes sociales. A veces, de forma anónima y organizada, lanzan acusaciones sin fundamento que lesionan la imagen pública de docentes y equipos directivos, e incluso pueden incurrir en la vulneración del derecho al honor o el acoso.
Estas tácticas de presión son usadas para intervenir en asuntos de carácter exclusivamente profesional, algo que constituye un ataque no solo a los docentes y equipos directivos objeto de sus calumnias, sino también a toda la profesión, que está viendo cómo su actuación en el ámbito de la educación pública es puesta en duda constantemente.
Este es el caso del CEIP Blas de Lezo, de Madrid, donde un pequeño grupo de padres intenta hacer prevalecer sus criterios mediante métodos coercitivos, como pintadas, escraches o carteles ofensivos contra el equipo directivo, no solo en el entorno del centro, sino también en las proximidades de los centros educativos de sus hijos menores de edad y hasta en la zona donde residen. Han llegado incluso, de forma anónima en las redes sociales, a publicar falsas conversaciones de WhatsApp y caricaturas de los profesores, a hablar de su vida privada y hacer referencia a sus hijos menores. Todo esto para lograr que, ante la presión mediática, el equipo directivo, el Claustro y la Administración claudiquen y acepten sus demandas.
La legislación educativa establece vías de participación para todos los miembros de la comunidad educativa. Y son estas, y no tácticas de coerción, las que deben utilizarse. Existen mecanismos legales para expresar el desacuerdo con decisiones adoptadas o procedimientos realizados.
Todo trabajador tiene derecho a llevar a cabo su labor en entornos libres de cualquier tipo de acoso o violencia, y a estar protegido frente a posibles agresiones que lesionen sus derechos o su imagen. No es admisible, en un Estado de Derecho, que un funcionario público se vea denigrado por pequeños núcleos de particulares. Es importante señalar que los profesores carecen de los conocimientos técnicos y jurídicos para poder defenderse y no disponen de gabinetes jurídicos ni de prensa que les aconsejen y actúen en su nombre.
La inquietud e inseguridad que provocan estos ataques tienen graves consecuencias sobre todo el proceso educativo, al crear un sentimiento de indefensión en el profesorado, por lo que no solo vulneran sus derechos, sino que también repercuten en la labor docente y, por tanto, inciden en el derecho a la educación del alumnado, consagrado por el artículo 27 de la Constitución Española. Asimismo, atentan contra el sistema educativo, pues representan el intento de anteponer intereses meramente particulares y de trasfondo político a la legislación vigente.
ANPE-Madrid manifiesta su apoyo y solidaridad al equipo directivo y al claustro del CEIP Blas de Lezo y exige a la Consejería de Educación y el Gobierno regional la adopción de las medidas pertinentes y que se preste la asistencia requerida para asegurar el bienestar físico y psíquico de los docentes afectados; la defensa jurídica de su derecho al honor; las condiciones adecuadas de trabajo en centros educativos libres de cualquier tipo de violencia, incluyendo el acoso que pueda producirse fuera de este ámbito y en las redes sociales; la protección a la intimidad de sus familiares; el derecho de los alumnos a una educación pública de calidad en un clima de convivencia normalizada; el respeto a la legalidad vigente y el derecho de la sociedad a disfrutar de un sistema educativo público que esté al resguardo de intereses particulares.
