Financiación y educación


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Esteban Serrano Tamayo
Secretario de Organización


Cuando hablamos de todas aquellas medidas que pueden contribuir notablemente a la mejora de la educación pública, muchas veces olvidamos que detrás de ellas está la importancia de una adecuada partida presupuestaria como punto de partida.

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Numerosas investigaciones justifican la inversión en educación más allá del punto de vista académico, como las conclusiones del premio Nobel James Heckman indicando que la inversión en edades tempranas conlleva mayores retornos en la vida adulta en términos de salud, sociabilidad, productividad económica y reducción de delitos.

La financiación de la educación es uno de los pilares fundamentales para una educación de calidad, pero en España nos encontramos con su descentralización. Las comunidades autónomas son las encargadas del desarrollo de las normas básicas aprobadas por el Estado y de toda la gestión de las políticas educativas, los distintos programas y el funcionamiento diario de los centros. Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional sigue manteniendo la ordenación general del sistema educativo, la fijación de las enseñanzas mínimas, la homologación de títulos, las becas, los programas de cooperación territorial y la Alta Inspección del sistema educativo para asegurar el cumplimiento de las leyes.

Existen notables diferencias entre los presupuestos destinados a educación entre las distintas comunidades autónomas, como puede comprobarse en el siguiente gráfico, donde se analiza una serie de datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas presentados en la Sesión sobre Financiación de la Educación organizada por la Red por el Diálogo Educativo (REDE). 

Como puede comprobarse, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en educación de todo el Estado español y la que tiene un presupuesto más bajo en educación en relación al PIB. Estos datos negativos se han acentuado en los últimos años, en lugar de mejorarse una vez superada la crisis económica. 

Una de las consecuencias de estar en el vagón de cola en cuanto a inversión en educación autonómica se refiere, supone situar a los docentes madrileños como los peor pagados de todo el Estado, muy por debajo de la media y de otras comunidades con unas características similares.

En la misma línea, una adecuada partida presupuestaria sería determinante para mejorar nuestra educación pública, reduciendo el horario lectivo a 23 horas en Infantil y Primaria, y en el resto de las enseñanzas a 18 horas lectivas como máximo, cumpliéndose así la recomendación recogida en la Ley 4/2019. También ayudaría a una reducción de ratios en todas las enseñanzas, no convirtiendo en nuestra comunidad la excepcionalidad del posible aumento del diez por ciento de ratio por causas excepcionales indicada en el artículo 87 de la LOE, modificada por la LOMCE, en algo habitual. En este sentido, no podemos olvidar las ratios en la atención a la diversidad madrileña, una de las más perjudicadas en este sentido ante la falta de normativa.

Cuando seamos conscientes de la importancia de la educación, no será necesario seguir debatiendo sobre el porcentaje que debemos dedicar. Invertir en nuestros alumnos es invertir en el futuro de nuestro país.